Una revisión narrativa de la infodemia y la censura de COVID-19 en la sanidad (VII)

 

https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1087&context=secrecyandsociety

Mitchell B. Liester, Sohaib Ashraf, Patricia Callisperis, Hector Carvallo, Shankara Chetty, Robert W. Enzenauer, Carlos Franco-Paredes, Raul Pineda, Panagis Polykretis, Rachel A. Wilkenson and Peter A. McCullough

Razones para el uso del secreto y la censura
La censura y el secreto pueden considerarse necesarios o inevitables en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la seguridad nacional puede exigir a los gobiernos censurar y mantener en secreto cierta información para evitar que caiga en manos de adversarios extranjeros. De igual manera, los secretos comerciales pueden requerir el uso de la censura o el secreto para proteger la propiedad intelectual y las ganancias de las empresas. Sin embargo la censura también puede utilizarse como forma de propaganda, relaciones públicas o incluso publicidad por parte de gobiernos y empresas privadas que intentan crear una impresión pública favorable. Un ejemplo es el de las tabacaleras, que ocultaron información sobre los riesgos del tabaquismo para la salud (Marx). Entonces, ¿qué justificación existe para el uso de la censura y el secreto durante la COVID-19?
Una justificación presentada fue la importancia de controlar la "información falsa". El Centro para la Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins informó que la información falsa causó “una menor confianza en los profesionales de la salud pública, un aumento de la creencia en curas médicas falsas y la politización de las medidas de salud pública” durante la pandemia de COVID-19 (Sell et al.). Sin embargo, determinar si la información es falsa puede ser difícil y la supresión de las opiniones heterodoxas puede limitar el progreso de la ciencia y la medicina.
Otra justificación para emplear la censura durante la pandemia de COVID-19 se relacionó con la gravedad de la crisis. La naturaleza extrema de la emergencia de salud pública se sugirió como una razón válida para apoyar la censura (Human Rights Watch). Pero ¿justifica la evidencia el uso de la censura y el secretismo basándose en la gravedad de la pandemia? La OMS informó que casi 7 millones de personas murieron en todo el mundo como resultado de la COVID-19 (Organización Mundial de la Salud). Sin embargo la COVID-19 fue solo la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos durante 2020 y 2021; No se ubicó entre las tres principales causas en 2022, cuando las "lesiones no intencionales" pasaron al tercer puesto, por delante de la COVID-19. En cada uno de estos tres años, tanto las enfermedades cardíacas como el cáncer causaron más muertes que la COVID-19 (Murphy et al.; Xu et al.; Ahmad et al.), pero no se declaró ninguna emergencia pública. No se tomaron medidas de emergencia para reducir el número de muertes por enfermedades cardíacas o cáncer.
Además, tras la pandemia se ha registrado un aumento del exceso de mortalidad en varios países del mundo (Aarstad y Kvitastein; Kuhbandner y Reitzne). Un estudio que estimó el exceso de mortalidad en Alemania durante los años 2020-2022 reveló que hubo aproximadamente 4000 muertes adicionales en 2020, en comparación con aproximadamente 34 000 y 60 000 muertes adicionales en 2021 y 2022, respectivamente (Kuhbandner y Reitzner). Un estudio reciente realizado en Japón reveló que las tasas de mortalidad ajustadas por edad para leucemia, cáncer de mama y cáncer de páncreas aumentaron significativamente en 2022 en comparación con 2020, el primer año de la pandemia y antes de la administración generalizada de las vacunas contra la COVID-19 (Gibo et al.). A pesar de este alarmante aumento de cánceres y muertes, no se han tomado medidas para investigar la causa del exceso de cánceres y mortalidad a nivel mundial.
Otra justificación sugerida para justificar la censura y el secretismo fue la protección de los secretos empresariales y comerciales (Greene). Una solicitud de FOIA de un grupo de más de 30 científicos y profesores de Yale, Harvard, UCLA y otras universidades solicitó documentos relacionados con las vacunas en relación con los ensayos clínicos que dieron como resultado que la FDA otorgara una Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Los abogados del Departamento de Justicia de EE. UU. respondieron que necesitaban tiempo para revisar los documentos y redactar “información confidencial sobre negocios y secretos comerciales de Pfizer o BioNTech, así como información sobre la privacidad personal de los pacientes que participaron en los ensayos clínicos” (Public Health & Medical Professionals for Transparency v. Food & Drug Admin). La FDA propuso publicar las 450.000 páginas de documentos a un ritmo de 500 páginas al mes, un proceso que requeriría 75 años para publicar todos los registros (Greene; Scarella). El tribunal denegó esta solicitud y, en su lugar, ordenó la publicación de 55.000 páginas al mes, lo que le dio a la FDA ocho meses para producir los documentos. La decisión del juez se produjo después de concluir que “esta solicitud de FOIA es de suma importancia pública” (Siri 2022; 2024).

Tras la publicación de estos registros, un grupo de 3.250 médicos, científicos y otros voluntarios los revisaron y luego publicaron un libro con sus hallazgos. Titulado The Pfizer Papers, este proyecto fue dirigido por Amy Kelly, directora de operaciones de Daily Clout, quien supervisó a los voluntarios que analizaron los documentos. El libro, editado por Naomi Wolf y Amy Kelly, describió los hallazgos extraídos de los documentos de Pfizer:

• Nueve meses después del lanzamiento de las vacunas de ARNm contra la COVID-19, las tasas de natalidad cayeron significativamente en 13 de los 19 países europeos, así como en Inglaterra, Gales, Australia y Taiwán (pág. 4). Pfizer se comprometió originalmente a seguir tanto a las cohortes vacunadas como a las de placebo durante un máximo de 26 meses. Pero 5 meses después de iniciar el estudio, Pfizer reveló el ciego del grupo placebo y ofreció las inyecciones de ARNm a los receptores originales del placebo. Dentro de los 8 meses de comenzar el estudio, casi el 90% del grupo placebo original había recibido al menos una inyección de ARNm de Pfizer, eliminando así un grupo de control (págs. 119-120).

• Tras la vacunación, los pacientes más jóvenes comenzaron a presentar cánceres. Sus tumores eran más grandes y crecían más rápido que los cánceres que existían antes de la vacuna. Además, la aparición de más de un cáncer a la vez se hizo más común (p. 128).

• Se produjeron eventos adversos en más del 54 % de los casos de "exposición materna" a la vacuna, incluyendo 53 informes de aborto espontáneo (p. 153).

• Se produjeron casos de parto prematuro en mujeres vacunadas, así como dos muertes de recién nacidos (p. 154).

• El 19 % de los bebés expuestos a la vacuna de ARNm contra la COVID de Pfizer a través de la leche materna experimentaron 48 categorías diferentes de eventos adversos (p. 154).

• Los informes de casos de autoinmunidad notificados al VAERS se multiplicaron por 24 entre 2020 y 2021, y las muertes anuales relacionadas con la autoinmunidad se multiplicaron por 37 durante el mismo período (p. 181).

• La proteína de pico y la inflamación todavía estaban presentes en el tejido cardíaco un año después de recibir la vacuna de ARNm contra la COVID (p. 270).

• Se produjo un aumento de más de 3,7 veces en el número de muertes por eventos cardiovasculares en los sujetos vacunados en comparación con los sujetos placebo (p. 295).

• La vacuna que Pfizer lanzó al público era diferente a la formulación utilizada en la mayoría de los participantes de los ensayos clínicos, y el público no fue informado de esto (p. 343).

• La vacuna pública está contaminada con altos niveles de fragmentos de plásmido de ADN (p. 344).

• 2,5 meses después de que Pfizer lanzara su vacuna contra la COVID-19, cambiaron los criterios de "fracaso de la vacunación", lo que resultó en que el 99% de los casos notificados no cumplieran los criterios de fracaso de la vacunación (p. 364).

• Pfizer ocultó las muertes en la cohorte vacunada que ocurrieron durante el ensayo clínico para que sus resultados parecieran más favorables al solicitar su autorización de uso de emergencia ante la FDA (p. 368-371).

• Hubo el doble de eventos adversos cardiovasculares en el grupo vacunado del ensayo clínico que en el grupo placebo (p. 371).

Estos hallazgos plantean la pregunta: ¿Pfizer estaba protegiendo secretos comerciales o simplemente ocultando información que reduciría sus ganancias? Hasta la fecha, solo Daily Clout ha revisado estos documentos.

El uso de la censura y el secretismo durante la pandemia de COVID-19 para obtener ganancias financieras no se limita a Pfizer. Oxfam (2022) informó que, durante la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza, mientras que los ingresos del 99 % de la humanidad disminuyeron. Pero no fueron solo los más ricos los que se beneficiaron de la pandemia de COVID-19. En 2023, Moderna pagó al gobierno de EE. UU. 400 millones de dólares por participar en el desarrollo de lo que inicialmente se conoció como la vacuna contra la COVID-19 de los NIH-Moderna. Los 400 millones de dólares fueron un pago inicial que se distribuiría entre los NIH y dos universidades estadounidenses involucradas en el desarrollo de la vacuna (Mueller 2023). Este pago fue necesario debido a una ley estadounidense promulgada en 1980, conocida como la Ley Bayh-Dole, que permite a las universidades, instituciones de investigación sin fines de lucro y pequeñas empresas poseer, patentar y comercializar inventos desarrollados bajo programas de investigación financiados con fondos federales dentro de sus organizaciones (Universidad de Drexel, 2024). Cabe destacar que Moderna y el gobierno de EE. UU. continúan su disputa sobre quién posee los derechos de la vacuna contra la COVID-19 (Stolberg y Robbins, 2021).

Las compañías farmacéuticas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que patrocinan también censuran información que contradice sus narrativas egoístas. Por ejemplo, Moderna trabaja con el Proyecto de Bien Público (PGP), que monitorea 150 millones de sitios web en busca de evidencia de reticencia a las vacunas o desinformación sobre la vacuna contra la COVID-19. PGP también se coordina con plataformas de redes sociales, agencias gubernamentales y sitios web de noticias para censurar información que contradice su narrativa preferida (Fang y Poulson, 2023). La captura regulatoria también puede explicar los casos de censura y secretismo durante la pandemia. Incluso antes de la pandemia, la captura por parte de las compañías farmacéuticas de las agencias reguladoras que se les encarga regular generó inquietudes sobre conflictos de intereses.

Los pagos de compañías farmacéuticas a agencias del gobierno estadounidense que promocionaron sus productos levantaron sospechas de segundas intenciones. Un ejemplo son los pagos de compañías farmacéuticas al NIH, que promovió las vacunas contra la COVID-19 (Mueller; Andrzejewski). En 2022 y 2023, compañías farmacéuticas y de atención médica pagaron al NIH $710.381.160 en regalías de terceros (Andrzejewski). Estos pagos, que se distribuyeron entre la dirección y los científicos del NIH, provinieron de entidades de atención médica que licenciaron inventos creados en laboratorios federales financiados por los contribuyentes. El NIAID, dirigido por Anthony Fauci, recibió el 97% de estos pagos, que sumaron $690.218.610 (Andrzejewski). Estas cifras se divulgaron solo después de que se presentara una solicitud de FOIA y el NIH fuera demandado dos veces en un tribunal federal. El informe que describe estos pagos fue censurado en gran medida, lo que ocultó información sobre quiénes recibieron muchos de ellos (Andrzejewski).

Estas mismas agencias del gobierno estadounidense, que recibieron millones de dólares en pagos de compañías farmacéuticas y de atención médica, también desaconsejaron el uso de medicamentos seguros y económicos para el tratamiento de la COVID-19 (p. ej. IVM e HCQ) en un momento en que no existían tratamientos aprobados y antes de que las vacunas estuvieran disponibles. ¿Cuál fue la razón de esto, dada la abrumadora mayoría de estudios que demuestran la eficacia de estos medicamentos contra la COVID-19 (FLCCC; Kory; Kory et al.)? ¿Existe una conexión entre la recomendación del gobierno estadounidense de no usar tratamientos económicos para la COVID-19 y recibir cientos de millones de dólares en pagos de compañías que coprodujeron vacunas contra la COVID-19? Si bien estos pagos no prueban duplicidad, sí plantean interrogantes sobre un grave conflicto de intereses.

Si bien algunas agencias federales estadounidenses, como los CDC, afirman que no aceptan apoyo financiero de industrias o corporaciones privadas, sus fundaciones sí lo hacen. En 1992 el Congreso estableció la Fundación Nacional para los CDC, con el fin de que los Centros pudieran obtener más fondos para su labor. Esto creó un tercero a través del cual las organizaciones pueden donar dinero a los CDC (A Midwestern Doctor). Esta fundación y otras similares, no están sujetas a supervisión legal ni están obligadas a cumplir con las solicitudes de la FOIA. ¿Qué organizaciones donan a la Fundación CDC? Algunos de estos contribuyentes incluyen fabricantes de vacunas como Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Gilead, que produce el medicamento contra la COVID-19 Remdesivir, es otro donante. Otros financiadores incluyen grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google y Microsoft. La Fundación Bill y Melinda Gates, que obtuvo millones invirtiendo en vacunas contra la COVID-19, donó más de 57 millones de dólares a la Fundación CDC entre 2018 y 2022 (A Midwestern Doctor). A pesar de que empleados de los CDC enviaron una carta anónima a sus directivos hace más de siete años, en la que declaraban que «nuestra misión está siendo influenciada y moldeada por terceros e intereses deshonestos», nada ha cambiado (Científicos de los CDC que preservan la integridad, la diligencia y la ética en la investigación).

Durante la pandemia de COVID-19 surgieron numerosos conflictos de interés potenciales adicionales relacionados con transferencias de grandes sumas de dinero. Estos incluyen pagos de compañías farmacéuticas a las agencias que las regulan. En 1992, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Tarifas para Usuarios de Medicamentos Recetados (PDUFA), que permite a la industria farmacéutica pagar directamente a la FDA mediante «tarifas para usuarios» (Congreso de los Estados Unidos), con el objetivo de acelerar y mejorar la eficiencia del proceso de revisión de nuevos medicamentos (Wang y Wertheimer). Sin embargo se ha descubierto que la reducción de los tiempos de revisión de nuevos medicamentos se asocia con un aumento tanto de las reacciones adversas a medicamentos (RAM) que requieren hospitalización como de la muerte (Olson).

Tras la aprobación de la PDUFA, la FDA pasó de ser una agencia financiada por el Tesoro de Estados Unidos a una dependiente financieramente de la industria farmacéutica. La cantidad de dinero pagada a la FDA por la industria farmacéutica se multiplicó por treinta, pasando de 29 millones de dólares en 1993 a 884 millones de dólares en 2016 (Demasi). Quienes critican el programa PDUFA alegan que esto ha provocado que la FDA se alinee más estrechamente con la industria farmacéutica y ha perjudicado su proceso de revisión de seguridad (Wang y Wertheimer).

Estados Unidos no es el único país cuyas agencias reguladoras reciben una financiación significativa de las empresas farmacéuticas. Un informe del British Medical Journal reveló que las agencias reguladoras de varios países ahora reciben la mayor parte de sus presupuestos anuales de la industria farmacéutica que regulan (Canadá, 50,5 %; Estados Unidos, 65 %; Japón, 85 %; Reino Unido, 86 %; Europa, 89 %; Australia, 96 %) (cf. Demasi). ¿Cómo influye este apoyo financiero de la industria farmacéutica en las decisiones de las agencias reguladoras al aprobar nuevas vacunas o medicamentos? ¿Cuál es la proporción del presupuesto del Centro de Evaluación de Medicamentos de la FDA que se destina a la revisión de nuevos medicamentos?

La proporción del presupuesto del Centro de Evaluación de Medicamentos de la FDA destinado a revisiones de nuevos medicamentos aumentó del 53 % en 1992 al 79 % en 2003. Este aumento resultó en una disminución proporcional del gasto en revisiones de seguridad posteriores a la comercialización y un cambio en la responsabilidad de realizar estas revisiones desde la FDA a la industria farmacéutica. ¿Ha influido este cambio en la seguridad de los nuevos productos? De las 1339 solicitudes de la FDA a compañías farmacéuticas en 2003 para realizar estudios de seguridad posteriores a la comercialización, casi el 60 % ni siquiera se iniciaron (Wang y Wertheimer). Esto plantea la pregunta: ¿Se puede confiar en que las compañías farmacéuticas proporcionen productos seguros y eficaces?

Un estudio publicado en 2020 en JAMA reveló que el 85 % de las 26 compañías farmacéuticas más grandes pagaron colectivamente casi 33.000 millones de dólares en multas por actividades ilegales, como infracciones de precios, marketing fuera de etiqueta y sobornos, entre enero de 2003 y diciembre de 2016 (Arnold et al.). Las multas pagadas por las 11 compañías principales ascendieron a 28.800 millones de dólares. En segundo lugar en esta lista de infractores se encuentra Pfizer, que fue multada con casi $3 mil millones durante este período y pagó la segunda multa más grande en la historia farmacéutica, un acuerdo de $2.3 mil millones en 2009, que incluyó una multa penal de $1.3 mil millones y un acuerdo civil de $1 mil millones por la promoción ilegal de medicamentos (Arnold et al.). ¿Estas multas provocaron que las compañías farmacéuticas cambiaran sus prácticas ilegales? Es dudoso. Sus ganancias superan con creces el costo de estas sanciones.

Almashat et al. describen cómo los acuerdos judiciales de las compañías farmacéuticas aumentaron rápidamente a principios de la década de 2000 por violaciones estatales y federales que incluyeron cobros excesivos a los programas de salud del gobierno, promoción ilegal, prácticas monopólicas, sobornos, ocultación de hallazgos de estudios, prácticas de fabricación de baja calidad, daños al medio ambiente, violaciones financieras y distribución ilegal. Parecería que el pago de multas se considera parte del costo de hacer negocios. Según se informa Pfizer obtuvo una ganancia de $56.7 mil millones por las ventas de su vacuna contra la COVID-19 Comirnaty y su medicamento antiviral Paxlovid en 2022 y después de los gastos retuvo una ganancia neta de $31.4 mil millones (Phillips).

Una parte de esta ganancia provino de los pagos del gobierno estadounidense (es decir, los contribuyentes estadounidenses) a Pfizer por la compra de Paxlovid, que ascendieron a más de $10 mil millones de dólares estadounidenses (Prasad). Moderna obtuvo $18.4 mil millones en ventas durante 2022 por su vacuna Spikevax, que fue desarrollada en conjunto con los NIH (Dunleavy). El médico danés, investigador médico y cofundador de la Cochrane (Cochrane Database of Systematic Reviews), Peter Gøtzsche, fue expulsado de la Junta Directiva de Cochrane después de cuestionar la influencia indebida de las compañías farmacéuticas sobre la medicina. En su libro "Medicina mortal y crimen organizado: cómo las grandes farmacéuticas han corrompido la atención médica" (https://www.amazon.com/Deadly-Medicines-Organised-Crime-Healthcare/dp/1846198844 ), Gøtzsche (2013) compara la industria farmacéutica con el crimen organizado, destacando los miles de millones de dólares en multas pagadas a lo largo de los años por esta industria, su manipulación de datos de ensayos clínicos patrocinados por la industria y su historial de amenazas y acoso a personas que no apoyan sus objetivos. Gøtzsche también criticó duramente las vacunas contra la COVID-19. En un preimpreso, escribió: "Los daños graves y severos de las vacunas contra la COVID-19 han sido ignorados o minimizados y en ocasiones excluidos deliberadamente por los patrocinadores de estudios en revistas médicas de alto impacto" (Gøtzsche y Demasi).

Gøtzsche no es el único médico reconocido que critica la influencia desproporcionada de la industria farmacéutica sobre la medicina. Numerosos editores de revistas médicas han expresado preocupaciones similares. El libro de Marcia Angell y Kate Reading (2005) The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It describe cómo las compañías farmacéuticas usan sobornos y comisiones ilegales para persuadir a los médicos a recetar sus productos. El ex editor del British Medical Journal Richard Smith (2005) también criticó la influencia de las compañías farmacéuticas sobre la medicina en su artículo titulado “Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies”. Richard Horton (2004), editor en jefe de Lancet, expresó inquietudes similares: “Las revistas se han convertido en operaciones de lavado de información para la industria farmacéutica”. Horton (2015) agregó que debido a “flagrantes conflictos de intereses… gran parte de la literatura científica, quizás la mitad, puede simplemente ser falsa”.

La censura por parte de las revistas médicas también puede tener incentivos financieros. Aunque la mayoría de las revistas médicas exigen a los autores que declaren sus conflictos de intereses, muchos editores de estas mismas revistas poseen conflictos de intereses (CDI) no declarados que pueden influir en sus decisiones sobre qué manuscritos publicar (Haque et al.). Un estudio observacional retrospectivo de 2018, publicado en la revista PLOS One, reveló que 320 de 703 (46 %) editores médicos de revistas médicas estadounidenses recibieron 8.659 pagos por un total de 8.120.562 dólares del sector privado; solo 7 de 34 (21 %) declararon públicamente sus CDI (Haque et al.).

Existen conflictos de intereses similares para los revisores de revistas médicas (Nguyen et al.). Un estudio reciente de JAMA (Journal of the American Medical Association) analizó a médicos estadounidenses revisores pares de BMJ (British Medical Journal), JAMA, Lancet y New England Journal of Medicine (NEJM), utilizando la lista de revisores de 2022 de cada revista, y descubrió que más de la mitad de los 1962 revisores pares en este estudio recibieron pagos de la industria entre 2020 y 2022 (Nguyen et al., 2024).

Han surgido preguntas sobre por qué se suprimieron los estudios científicos que demuestran la eficacia de tratamientos económicos para la COVID-19 (IVM, HCQ…). ¿No aprovecharían los editores de revistas médicas la oportunidad de publicar investigaciones que demuestren la eficacia y seguridad de tratamientos que salvan vidas? Quizás no. Liu et al. encontraron en su estudio que entre 713 editores de 52 revistas médicas estadounidenses influyentes y de alto impacto, más del 50 por ciento recibió pagos generales y el 20 por ciento recibió pagos de investigación de fabricantes farmacéuticos y de dispositivos médicos. El ejemplo más sorprendente es el del Journal of the American College of Cardiology, donde 19 de sus editores recibieron un promedio de $475,072 dólares estadounidenses personalmente y otros $119,407 dólares estadounidenses para "investigación" en un solo año (Liu et al.).

Las escuelas de medicina también reciben millones de dólares de las compañías farmacéuticas, lo que permite a estas compañías influir en la educación de los futuros médicos. Este dinero, que a menudo viene en forma de subvenciones de investigación, apoya la investigación médica en estas instituciones, pero también abre la puerta para la participación de los empleados de las compañías farmacéuticas en la investigación. Esto tiene el potencial de influir en la interpretación de los resultados de la investigación (Hensley; Paulus y Ravi).

Los médicos en puestos de liderazgo en centros médicos académicos también reciben pagos por servir en las juntas directivas de compañías farmacéuticas (Anderson et al.). Anderson et al. encontraron que el 40 por ciento de las grandes compañías farmacéuticas tenían al menos un miembro de la junta que tenía un papel de liderazgo importante en un centro médico académico. Estos académicos ganaron en promedio más de $300,000 anuales por su servicio en la junta. En los Estados Unidos, el ex decano de la Facultad de Medicina de Yale, Robert Alpern, recibió más dinero de las compañías farmacéuticas que cualquier otro decano de una facultad de medicina estadounidense en 2018: $648,183 de las compañías farmacéuticas Abbott Laboratories y AbbVie Inc. (Peryer). Ese mismo año también formó parte de la junta directiva de ambas compañías (Peryer). Alpern renunció como decano de la Facultad de Medicina de Yale a fines de 2018 (Cho y Peryer).

Otro posible conflicto de intereses se relaciona con la relación entre quienes se benefician de las vacunas y quienes las recomiendan. Por ejemplo, el director del NIAID durante la pandemia de COVID-19 fue Anthony Fauci, quien no solo era el empleado mejor pagado del gobierno estadounidense en ese momento (Andrzejewski), sino también uno de los principales defensores de las vacunas contra la COVID-19 (Choi; Mulcahy; O'Reilly; Taylor). Si bien el hecho de que la organización de Fauci, los NIH, recibiera cientos de millones de dólares de Moderna y que él apoyara firmemente las vacunas no demuestra que estuviera influenciado por la enorme cantidad de dinero que recibió su organización, sí crea un conflicto de intereses, así como una violación de la ética médica y de investigación, siendo el lucro un posible factor incentivador que influyera en su apoyo.

Otra persona que apoyó firmemente las vacunas y se benefició de su venta es el exdirector ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, quien, según se informa, invirtió 55 millones de dólares en BioNTech, la empresa europea que se asoció con Pfizer para producir la vacuna más rentable del mundo contra la COVID-19 (Louise). Durante la pandemia de COVID-19, la Fundación Bill y Melinda Gates colaboró ​​con tres organizaciones no gubernamentales de salud mundial para influir en las políticas relacionadas con la COVID-19: Gavi (2023), una organización mundial de vacunas que Gates ayudó a financiar y apoyó con 4.100 millones de dólares desde el año 2000; Wellcome Trust, una fundación británica de investigación con una dotación multimillonaria y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), un grupo internacional de investigación y desarrollo de vacunas que Gates y Wellcome ayudaron a crear en 2017. Estas cuatro organizaciones gastaron en conjunto casi 10.000 millones de dólares en la lucha contra la COVID-19 desde 2020, incluyendo donaciones por un total de 1.400 millones de dólares a la OMS. Sus líderes, que tenían acceso a las más altas esferas de los gobiernos multinacionales, gastaron al menos 8,3 millones de dólares en cabildeo ante legisladores y funcionarios gubernamentales en Estados Unidos y Europa (Furlong y Pfahler). Además se informó que el fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates invirtió más de 250 millones de dólares en docenas de empresas que trabajan en vacunas, terapias, diagnósticos y fabricación de la COVID-19 (Schwab).

La Fundación Gates también donó dinero a otras empresas, incluyendo más de 250 millones de dólares a sitios de periodismo como BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, Financial Times, Atlantic, Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly y Center for Investigative Reporting. Las organizaciones benéficas afiliadas a medios de comunicación, empresas de medios, organizaciones periodísticas y una variedad de otros grupos que crean contenido informativo también recibieron dinero de la fundación. ¿Cuál fue el resultado neto de estas inversiones y donaciones? Además de la cantidad desconocida de retorno de las inversiones de la fundación, la riqueza personal de Gates aumentó en más de 10 mil millones de dólares durante la pandemia de COVID-19 (Schwab). Otro grupo que puede haberse beneficiado de los pagos financieros durante la pandemia de COVID-19 son los médicos. Entre 2013 y 2022, la industria farmacéutica realizó 85.087.744 pagos por un total de 12.130 millones de dólares a 826.313 médicos en Estados Unidos (Sayed et al.). En otras palabras, el 57,1 % de los médicos disponibles recibió pagos de la industria farmacéutica. El período utilizado en este estudio comenzó seis años antes de la pandemia de COVID-19. No hay evidencia que sugiera que los pagos realizados por la industria farmacéutica a los médicos durante la pandemia estuvieran directamente relacionados con ella. Sin embargo el período seleccionado para el estudio se extendió hasta 2022, que fue durante la pandemia, y la industria farmacéutica realizó pagos por un total de 1.280 millones de dólares a 424.417 médicos estadounidenses en 2022 (Sayed et al.). Por lo tanto, si bien esto no prueba ninguna influencia indebida de la industria farmacéutica sobre los médicos estadounidenses antes o durante la pandemia, sí plantea serias dudas sobre la posible influencia de los pagos a los médicos que administraron las vacunas contra la COVID-19 y recetaron medicamentos para tratarla. De igual manera, los pagos del gobierno estadounidense a organizaciones médicas podrían haber influido en las recomendaciones sobre las vacunas. Por ejemplo, documentos obtenidos mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) revelaron que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recibió 11 millones de dólares para promover las vacunas contra la COVID-19 como "seguras y eficaces" para las embarazadas, a pesar de la evidencia que demostraba un mayor riesgo de abortos espontáneos y defectos de nacimiento (Thorp y Thorp). Este dinero fue solo una pequeña parte de los cientos de millones de dólares otorgados por los CDC en subvenciones para crear información pro-vacunas "adaptada culturalmente" y capacitar a "mensajeros influyentes" para promover las vacunas contra la COVID-19 en las comunidades de color en todos los estados de Estados Unidos. Estas subvenciones también estaban condicionadas a que los beneficiarios ayudaran al gobierno a hacer cumplir las órdenes federales relacionadas con la cuarentena y el aislamiento (Baletti). La colaboración entre el gobierno y las compañías farmacéuticas ha suscitado inquietudes entre un número creciente de científicos, médicos, periodistas y algunos políticos. Esta colaboración se ha denominado “complejo biofarmacéutico”, “complejo médico-industrial” y “complejo farmacéutico-industrial” (Leake y McCullough). Un componente importante de este complejo se conoce como “Big Pharma”, un término que se refiere colectivamente a las grandes compañías farmacéuticas multinacionales, que juntas forman una de las industrias más rentables y poderosas del mundo (McKay). La industria farmacéutica gasta millones de dólares intentando influir en los políticos. En 2023, la industria farmacéutica/de productos sanitarios gastó casi 400 millones de dólares en actividades de cabildeo en Estados Unidos. En 2024 esta cantidad aumentó con respecto al mismo período de 2023 (Cirruzzo y Leonard).

Jeffrey D. Sachs, Cuánto podría deber Estados Unidos al mundo por la Covid-19,16 de marzo de 2024

 

https://www.unz.com/article/what-might-the-us-owe-the-world-for-covid-19/

Un origen de la COVID-19 financiado por Estados Unidos constituiría sin duda el caso más grave de negligencia gubernamental de la historia. Los ciudadanos del mundo merecen transparencia y respuestas objetivas sobre cuestiones cruciales.

El gobierno de Estados Unidos (USG) financió y apoyó un programa de investigación de laboratorio peligroso que podría haber resultado en la creación y liberación accidental del SARS-CoV-2, el virus que causó la pandemia de COVID-19. Tras el brote, el USG mintió para encubrir su posible participación. El gobierno de Estados Unidos debería corregir las mentiras, esclarecer los hechos y reconciliarse con el resto del mundo.

Un grupo de intrépidos buscadores de la verdad (periodistas, científicos, denunciantes) ha descubierto una gran cantidad de información que apunta al probable origen de laboratorio del SARS-CoV-2. El más importante ha sido el intrépido trabajo de The Intercept y US Right to Know (USRTK), especialmente de la periodista de investigación Emily Kopp de USRTK.

Con base en esta investigación, el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, está llevando a cabo una importante investigación en un Subcomité Selecto sobre la Pandemia de Coronavirus. En el Senado, el principal defensor de la transparencia, la honestidad y la razón en la investigación del origen del SARS-CoV-2 ha sido el senador republicano Rand Paul.

La evidencia de la posible creación de un laboratorio gira en torno a un programa de investigación plurianual liderado por Estados Unidos, en el que participaron científicos estadounidenses y chinos. La investigación fue diseñada por científicos estadounidenses, financiada principalmente por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el Departamento de Defensa y administrada por una organización estadounidense, la EcoHealth Alliance (EHA). Gran parte del trabajo se realizó en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV).

Aquí hay algunos hechos que conocemos hasta el día de hoy.

• En primer lugar los NIH se convirtieron en el centro de investigación en biodefensa a partir de 2001. En otras palabras, los NIH se convirtieron en un brazo de investigación de las comunidades militares y de inteligencia. La financiación para biodefensa del presupuesto del Departamento de Defensa se destinó a la división del Dr. Anthony Fauci, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

• En segundo lugar, el NIAID y la DARPA (del Departamento de Defensa) apoyaron una amplia investigación sobre patógenos potenciales para la guerra biológica y la biodefensa, así como para el diseño de vacunas que protejan contra la guerra biológica o la liberación accidental de patógenos naturales o manipulados en el laboratorio. Parte del trabajo se llevó a cabo en los Laboratorios de las Montañas Rocosas de los NIH, que manipularon y probaron virus utilizando su colonia de murciélagos interna.

• En tercer lugar el NIAID se convirtió en un importante patrocinador financiero de la investigación sobre Ganancia de Función (GdF), es decir, experimentos de laboratorio diseñados para alterar genéticamente patógenos para hacerlos aún más patógenos, como virus más fáciles de transmitir o con mayor probabilidad de matar a las personas infectadas. Este tipo de investigación es inherentemente peligrosa, tanto porque busca crear patógenos más peligrosos como porque esos nuevos patógenos pueden escapar del laboratorio, ya sea accidental o deliberadamente (por ejemplo, en un acto de guerra biológica o terrorismo).

• En cuarto lugar, muchos científicos estadounidenses destacados se opusieron a la investigación de GoF. Uno de los principales opositores dentro del gobierno fue el Dr. Robert Redfield, virólogo del ejército que posteriormente sería director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) al inicio de la pandemia. Redfield sospechó desde el principio que la pandemia se debía a investigaciones financiadas por los NIH, pero afirma que Fauci lo dejó de lado.

• En quinto lugar, debido a los altísimos riesgos asociados con la investigación sobre el GoF, el gobierno estadounidense añadió normas de bioseguridad adicionales en 2017. La investigación sobre el GoF debía llevarse a cabo en laboratorios de alta seguridad, es decir, en un Nivel de Bioseguridad 3 (BSL-3) o 4 (BSL-4). Trabajar en una instalación de BSL-3 o 4 es más costoso y requiere más tiempo que en una de BSL-2 debido a los controles adicionales para evitar la fuga del patógeno.

• En sexto lugar, un grupo de investigación respaldado por los NIH, EcoHealth Alliance (EHA), propuso trasladar parte de su investigación sobre GoF al Instituto de Virología de Wuhan (WIV). En 2017, EHA presentó una propuesta a los Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) del gobierno estadounidense para el trabajo de GoF en el WIV. La propuesta, denominada DEFUSE era un auténtico "recetazo" para la creación de virus como el SARS-CoV-2 en el laboratorio. El plan DEFUSE consistía en investigar más de 180 cepas de betacoronavirus no reportadas previamente, recolectadas por el WIV, y utilizar técnicas de GoF para aumentar la peligrosidad de estos virus. En concreto el proyecto proponía añadir sitios de proteasa, como el sitio de escisión de la furina (FCS), a los virus naturales para aumentar su infectividad y transmisibilidad.

• En séptimo lugar, en el borrador de la propuesta el director de la EHA se jactó de que “la naturaleza BSL2 del trabajo sobre SARSr-CoV hace que nuestro sistema sea altamente rentable en relación con otros sistemas de virus de murciélago”, lo que llevó al científico principal de la propuesta de la EHA a comentar que los científicos estadounidenses “se asustarían” si se enteraran del apoyo del gobierno de EEUU a la investigación de GoF en el WIV en una instalación BSL2.

• En octavo lugar el Departamento de Defensa rechazó la propuesta de DEFUSE en 2018, pero la financiación del NIAID para la EHA cubrió a los científicos clave del proyecto DEFUSE. Por lo tanto la EHA contaba con financiación continua del NIH para llevar a cabo el programa de investigación de DEFUSE.

• En noveno lugar, cuando se detectó por primera vez el brote en Wuhan, a finales de 2019 y enero de 2020, los principales virólogos estadounidenses asociados con los NIH creían que el SARS-CoV-2 probablemente había surgido de la investigación de GoF y así lo dijeron en una llamada telefónica con Fauci el 1 de febrero de 2020. La pista más sorprendente para estos científicos fue la presencia del FCS en el SARS-CoV-2, ya que el FCS aparecía exactamente en la ubicación del virus (la unión S1/S2) que se había propuesto en el programa DEFUSE.

• En décimo lugar, los altos funcionarios de los NIH, incluyendo al director Francis Collins y al director del NIAID, Fauci, intentaron ocultar la investigación sobre el GoF apoyada por los NIH y promovieron la publicación de un artículo científico ("El origen próximo del SARS-CoV-2" ) en marzo de 2020, que declaraba el origen natural del virus. El artículo ignoró por completo la propuesta de DEFUSE.

• En undécimo lugar, algunos funcionarios estadounidenses comenzaron a señalar al WIV como la fuente de la fuga del laboratorio, mientras ocultaban el programa de investigación financiado por los NIH y dirigido por la EHA que pudo haber conducido al virus.

• En duodécimo lugar, los hechos mencionados han salido a la luz únicamente gracias a investigaciones audaces, denunciantes y filtraciones internas del gobierno estadounidense, incluida la filtración de la propuesta DEFUSE. El Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos determinó en 2023 que los NIH no supervisaron adecuadamente las subvenciones de la EHA .

• En decimotercer lugar, los investigadores también se dieron cuenta en retrospectiva de que los investigadores de Rocky Mountain Labs, junto con científicos clave asociados con EHA, estaban infectando a los murciélagos frugívoros egipcios de RML con virus similares al SARS, en experimentos estrechamente vinculados a los propuestos en DEFUSE.

• En decimocuarto lugar, el FBI y el Departamento de Energía han informado de sus evaluaciones de que la fuga del SARS-CoV-2 del laboratorio es la explicación más probable del virus.

• En decimoquinto lugar, un denunciante dentro de la CIA ha acusado recientemente que el equipo de la CIA que investigó el brote concluyó que el SARS-CoV-2 probablemente surgió del laboratorio, pero que altos funcionarios de la CIA sobornaron al equipo para que informaran sobre el origen natural del virus.

La suma de las pruebas y la ausencia de evidencia confiable que apunte a un origen natural, aumenta la posibilidad de que Estados Unidos financiara e implementara un peligroso programa de investigación sobre el GoF que condujo a la creación del SARS-CoV-2 y, posteriormente, a una pandemia mundial. Una contundente evaluación reciente del biólogo matemático Alex Washburne concluye, "más allá de toda duda razonable, que el SARS-CoV-2 surgió de un laboratorio...". También señala que los colaboradores "procedieron a montar lo que legítimamente puede llamarse una campaña de desinformación" para ocultar el origen del laboratorio.

Un origen de la COVID-19 financiado por Estados Unidos en un laboratorio constituiría sin duda el caso más significativo de negligencia gubernamental grave en la historia mundial. Además, es muy probable que el gobierno estadounidense siga financiando a día de hoy trabajos peligrosos de GoF como parte de su programa de biodefensa. Estados Unidos debe revelar toda la verdad, y quizás una amplia compensación económica, al resto del mundo, dependiendo de lo que finalmente revelen los hechos.

Necesitamos tres medidas urgentes. La primera es una investigación científica independiente en la que todos los laboratorios que participan en el programa de investigación de EHA en EEUU y China abran completamente sus libros y registros a los investigadores independientes. La segunda es una suspensión mundial de la investigación sobre el GoF hasta que un organismo científico global independiente establezca las normas básicas de bioseguridad. La tercera es que la Asamblea General de la ONU establezca una rigurosa rendición de cuentas legal y financiera para los gobiernos que violan las normas internacionales de seguridad mediante actividades de investigación peligrosas que amenazan la salud y la seguridad del resto del mundo.

Neil L. Harrison y Jeffrey D. Sachs, Un llamado a una investigación independiente sobre el origen del virus SARS-CoV-2, 19 de mayo de 2022

 

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2202769119

Desde la identificación del SARS-CoV-2 en Wuhan, China, en enero de 2020, el origen del virus ha sido un tema de intenso debate científico y especulación pública. Las dos hipótesis principales son que el virus surgió de la exposición humana a un animal infectado [“zoonosis”] o que surgió en un incidente relacionado con la investigación. La investigación sobre el origen del virus se ha dificultado por la falta de evidencia clave de los primeros días del brote; no hay duda de que una mayor transparencia por parte de las autoridades chinas sería enormemente útil. Sin embargo, argumentamos aquí que hay mucha información importante que se puede obtener de las instituciones de investigación con sede en EEUU, información que aún no se ha puesto a disposición para un escrutinio científico independiente y transparente.

Los datos disponibles en Estados Unidos incluirían explícitamente, entre otros, las secuencias virales recopiladas y almacenadas en el marco del proyecto PREDICT y otros programas financiados, así como datos de secuenciación y cuadernos de laboratorio de laboratorios estadounidenses. Instamos a las agencias científicas del gobierno estadounidense, en particular a los NIH, a que apoyen una investigación completa, independiente y transparente sobre el origen del SARS-CoV-2. Esto debería llevarse a cabo, por ejemplo, en el marco de una investigación bipartidista del Congreso, estrictamente centrada en la ciencia y con plenos poderes de investigación, que permitiría plantear preguntas importantes, pero evitaría una caza de brujas errónea, basada más en la política que en la ciencia.

Investigaciones esenciales de EEUU

En 2021, el presidente Joe Biden encargó a la comunidad de inteligencia estadounidense (CI) investigar el origen del virus. En su declaración pública resumida, la CI escribe que “todas las agencias evalúan que dos hipótesis son plausibles: la exposición natural a un animal infectado y un incidente asociado a un laboratorio”. La CI escribe además que “lo más probable es que se necesite la cooperación de China para llegar a una evaluación concluyente de los orígenes de la COVID-19 [enfermedad del coronavirus 2019]”. Por supuesto, dicha cooperación está muy justificada y debería ser perseguida por el gobierno y la comunidad científica estadounidense. Sin embargo, como se describe a continuación, se podría aprender mucho investigando el trabajo apoyado y con sede en EEUU que se estaba realizando en colaboración con instituciones con sede en Wuhan, incluido el Instituto de Virología de Wuhan (WIV), China. Todavía no está claro si la CI investigó estas actividades apoyadas y con sede en EEUU Si lo hizo, aún no ha puesto ninguno de sus hallazgos a disposición de la comunidad científica estadounidense para un análisis y una evaluación independientes y transparentes. Por otra parte, si la CI no investigó estas actividades apoyadas y basadas en Estados Unidos, entonces estuvo muy lejos de realizar una investigación exhaustiva.

Esta falta de una investigación científica independiente y transparente en los Estados Unidos ha tenido cuatro consecuencias altamente adversas. Primero, la confianza pública en la capacidad de las instituciones científicas de los Estados Unidos para gobernar las actividades de la ciencia estadounidense de manera responsable se ha visto sacudida. Segundo, la investigación del origen del SARS-CoV-2 se ha politizado dentro del Congreso de los Estados Unidos; como resultado, el inicio de una investigación independiente y transparente se ha visto obstruido y retrasado. Tercero, a los investigadores estadounidenses con un profundo conocimiento de las posibilidades de un incidente asociado a un laboratorio no se les ha permitido compartir su experiencia de manera efectiva. Cuarto, el fracaso del NIH (National Institutes of Health), uno de los principales financiadores del trabajo colaborativo entre los Estados Unidos y China, para facilitar la investigación sobre los orígenes del SARS-CoV-2 ha fomentado la desconfianza con respecto a las actividades de investigación en biodefensa de los Estados Unidos.

Gran parte del trabajo sobre CoV similares al SARS realizado en Wuhan formó parte de un programa de investigación científica activo y altamente colaborativo entre Estados Unidos y China, financiado por el Gobierno de Estados Unidos (NIH, Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa [DTRA] y Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID]), coordinado por investigadores de EcoHealth Alliance (EHA), pero en el que participaron investigadores de varias otras instituciones estadounidenses. Por esta razón es importante que las instituciones estadounidenses sean transparentes sobre cualquier conocimiento detallado de las actividades que se estaban llevando a cabo en Wuhan y en Estados Unidos. La evidencia también puede sugerir que instituciones de investigación de otros países estuvieron involucradas y a estas también se les debería solicitar que presenten información relevante (por ejemplo, con respecto a secuencias no publicadas).

Entre las instituciones con sede en EEUU participantes se encuentran la EHA (European Hematology Association), la Universidad de Carolina del Norte (UNC), la Universidad de California en Davis (UCD), los NIH y la USAID. Gracias a una serie de subvenciones de los NIH y contratos de la USAID, la EHA coordinó la recolección de CoV de murciélago similares al SARS en el campo, en el suroeste de China, y el sudeste asiático, la secuenciación de estos virus, el archivo de estas secuencias (con la participación de la UCD) y el análisis y la manipulación de estos virus (especialmente en la UNC). Se realizó una amplia gama de investigaciones sobre coronavirus no solo en Wuhan (incluidos grupos de la Universidad de Wuhan y los CDC de Wuhan, así como del Instituto de Virología de Wuhan), sino también en Estados Unidos. Los detalles exactos del trabajo de campo y de laboratorio de la colaboración EHA-WIV-UNC, así como la participación de otras instituciones en Estados Unidos y China, no se han divulgado para su análisis independiente. Se desconoce la naturaleza precisa de los experimentos realizados, incluida la gama completa de virus recolectados en el campo y la posterior secuenciación y manipulación de dichos virus.

EHA, UNC, NIH, USAID y otros socios de investigación no han revelado sus actividades a la comunidad científica estadounidense ni al público estadounidense y en su lugar han declarado que no participaron en ningún experimento que pudiera haber resultado en la aparición del SARS-CoV-2. El NIH ha declarado específicamente que existe una distancia evolutiva significativa entre las secuencias virales publicadas y la del SARS-CoV-2 y que el virus pandémico no podría haber resultado del trabajo patrocinado por el NIH. Por supuesto, esta declaración solo es tan buena como los datos limitados en los que se basa y la verificación de esta afirmación depende de obtener acceso a cualquier otra secuencia viral no publicada que esté depositada en bases de datos pertinentes de EEUU y China. El 11 de mayo de 2022 el director interino del NIH, Lawrence Tabak, testificó ante el Congreso que varias de esas secuencias en una base de datos estadounidense se eliminaron de la vista del público y que esto se hizo a petición de investigadores chinos y estadounidenses.

Las negaciones generales del NIH ya no son suficientes. Aunque el NIH y USAID se han resistido enérgicamente a la divulgación completa de los detalles del programa de trabajo EHA-WIV-UNC, varios documentos filtrados al público o publicados a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) han suscitado inquietudes. Estas propuestas de investigación dejan claro que la colaboración EHA-WIV-UNC participó en la recolección de una gran cantidad de virus similares al SARS hasta ahora no documentados y se dedicó a su manipulación dentro de instalaciones de laboratorio de nivel de seguridad biológica (BSL)-2 y BSL-3, lo que suscitó inquietudes de que un virus transmitido por el aire pudiera haber infectado a un trabajador de laboratorio. Otros han discutido una variedad de escenarios, incluyendo una infección que involucró un virus natural recolectado en el campo o quizás un virus diseñado y manipulado en uno de los laboratorios.

Detalles pasados ​​por alto

Preocupaciones especiales rodean la presencia de un sitio de escisión de furina (FCS) inusual en SARS-CoV-2, que aumenta la patogenicidad y transmisibilidad del virus en relación con virus relacionados como SARS-CoV-1. SARS-CoV-2 es, hasta la fecha, el único miembro identificado del subgénero sarbecovirus que contiene un FCS, aunque estos están presentes en otros coronavirus. Una porción de la secuencia de la proteína de pico de algunos de estos virus se ilustra en la alineación que se muestra en la Fig. 1, que ilustra la naturaleza inusual del FCS y su aparente inserción en SARS-CoV-2. Desde las primeras semanas después de que la secuencia del genoma de SARS-CoV-2 estuviera disponible, los investigadores han comentado sobre la presencia inesperada del FCS dentro de SARS-CoV-2, lo que implica que SARS-CoV-2 podría ser un producto de manipulación de laboratorio. En un artículo de revisión que argumentaba en contra de esta posibilidad, se afirmó que la secuencia de aminoácidos del FCS en el SARS-CoV-2 es una secuencia inusual y no estándar para un FCS y que nadie en un laboratorio diseñaría un FCS tan novedoso.

Esta alineación de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de la espícula del coronavirus, en la región de la unión S1/S2, ilustra la secuencia del SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1) y algunos de sus parientes más cercanos. El sitio de escisión de la furina (FCS) está indicado (PRRAR'SVAS) y la furina corta la proteína de la espícula entre R y S, como indica la punta de flecha roja. (Adaptado de Chan y Zhan).

De hecho, la afirmación de que el FCS en SARS-CoV-2 tiene una secuencia de aminoácidos inusual y no estándar es falsa. La secuencia de aminoácidos del FCS en SARS-CoV-2 también existe en la subunidad α de ENaC humano, donde se sabe que es funcional y se ha estudiado ampliamente. El FCS de ENaC α humano tiene la secuencia de aminoácidos RRAR'SVAS, una secuencia de ocho aminoácidos que es perfectamente idéntica al FCS de SARS-CoV-2. ENaC es un canal de sodio epitelial, expresado en la superficie apical de las células epiteliales en el riñón, colon y vías respiratorias, que desempeña un papel crítico en el control del intercambio de fluidos. La subunidad α del ENaC tiene un FCS funcional que es esencial para la función del canal iónico y se ha caracterizado en diversas especies. La secuencia FCS del ENaC α humano es idéntica en chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas, pero diverge en todas las demás especies, incluso primates, excepto una. (La única especie de simio no humano, que no es un gran simio, con la misma secuencia es Pipistrellus kuhlii, una especie de murciélago que se encuentra en Europa y Asia occidental; otras especies de murciélagos, incluido Rhinolophus ferrumequinem, tienen una secuencia FCS diferente en el ENaC α [RKAR ' SAAS]).

Una consecuencia de este “mimetismo molecular” entre el FCS de la espícula del SARS CoV-2 y el FCS del ENaC humano es la competencia por la furina del huésped en el lumen del aparato de Golgi, donde se procesa la espícula del SARS-CoV-2. Esto resulta en una disminución en la expresión del ENaC humano. Una disminución en la expresión del ENaC humano compromete la función de las vías respiratorias y ha sido implicada como un factor que contribuye a la patogénesis de la COVID-19. Otra consecuencia de este asombroso mimetismo molecular se evidencia por la aparente reactividad cruzada con el ENaC humano de los anticuerpos de pacientes con COVID-19, con los niveles más altos de anticuerpos con reacción cruzada dirigidos contra este epítopo (https://es.wikipedia.org/wiki/Epítopo ) asociados con la enfermedad más grave.

No sabemos si la inserción del FCS fue el resultado de la evolución natural, quizás a través de un evento de recombinación en un mamífero intermedio o un humano o fue el resultado de una introducción deliberada del FCS en un virus similar al SARS como parte de un experimento de laboratorio. Sabemos que la inserción de tales secuencias del FCS en virus similares al SARS fue un objetivo específico del trabajo propuesto por la asociación EHA-WIV-UNC dentro de una propuesta de subvención de 2018 ("DEFUSE") que se presentó a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos (DARPA). La propuesta de 2018 a DARPA no fue financiada, pero no sabemos si parte del trabajo propuesto se llevó a cabo posteriormente en 2018 o 2019, quizás utilizando otra fuente de financiación.

También sabemos que este equipo de investigación estaría familiarizado con varios experimentos previos, que involucraron la inserción exitosa de una secuencia FCS en SARS-CoV-1 y otros coronavirus y tenían mucha experiencia en la construcción de virus quiméricos similares al SARS. Además, el equipo de investigación también tendría cierta familiaridad con la secuencia FCS y el mecanismo de activación dependiente de FCS de ENaC α humano, que se trabajó ampliamente en la UNC. Para un equipo de investigación que evalúa el potencial pandémico de los coronavirus relacionados con el SARS, el FCS de ENaC humano (un FCS conocido por ser escindido eficientemente por la furina del huésped presente en la ubicación objetivo (células epiteliales) de un órgano objetivo importante (pulmón), del organismo objetivo (humano) podría ser una elección racional, si no obvia, de FCS para introducir en un virus para alterar su infectividad, en línea con otro trabajo realizado previamente.

Por supuesto, el mimetismo molecular de ENaC dentro de la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 podría ser una mera coincidencia, aunque con una probabilidad muy baja. La secuencia exacta de FCS presente en el SARS-CoV-2 se ha introducido recientemente en la proteína de la espiga del SARS-CoV-1 en el laboratorio, en una elegante serie de experimentos ( 12 , 30 ), con consecuencias predecibles en términos de una mayor transmisibilidad y patogenicidad viral. Obviamente, la creación de tales "quimeras" del SARS-1/2 es un área de cierta preocupación para los responsables de la regulación presente y futura de esta área de la biología. [Nótese que estos experimentos en la referencia 30 se realizaron en el contexto de un virus "pseudotipado" seguro y, por lo tanto, no representaban ningún peligro de producir o liberar un nuevo patógeno]. Estos experimentos simples muestran que la introducción de los 12 nucleótidos que constituyen la inserción de FCS en el SARS-CoV-2 no sería difícil de lograr en un laboratorio. Por lo tanto, parecería razonable pedir que las comunicaciones electrónicas y otros datos relevantes de los grupos estadounidenses se pongan a disposición para su examen.

Buscando la transparencia

Hasta la fecha el gobierno federal, incluido el NIH, no ha hecho lo suficiente para promover la confianza pública y la transparencia en la ciencia que rodea al SARS-CoV-2. Un flujo constante de información inquietante ha arrojado una nube oscura sobre la agencia. El NIH podría decir más sobre el posible papel de sus beneficiarios en el surgimiento del SARS-CoV-2, pero la agencia no ha revelado al público la posibilidad de que el SARS-CoV-2 surgiera de un evento asociado con la investigación, a pesar de que varios investigadores plantearon esa preocupación el 1 de febrero de 2020, en una conversación telefónica que se documentó por correo electrónico. Esos correos electrónicos se hicieron públicos solo a través de la FOIA y sugieren que el liderazgo del NIH asumió un papel temprano y activo en la promoción de la "hipótesis zoonótica" y el rechazo de la hipótesis asociada al laboratorio. El NIH se ha resistido a la publicación de evidencia importante, como las propuestas de subvenciones y los informes de proyectos de EHA y ha seguido redactando materiales publicados bajo la FOIA, incluida una notable redacción de 290 páginas en un comunicado reciente de la FOIA.

La información que ahora posee el equipo de investigación encabezado por EHA, así como las comunicaciones de ese equipo de investigación con agencias de financiación de la investigación de EEUU, incluidas NIH, USAID, DARPA, DTRA y el Departamento de Seguridad Nacional, podrían arrojar luz considerable sobre los experimentos realizados por el equipo de investigación financiado por EEUU y sobre la posible relación, si la hubiera, entre esos experimentos y la aparición del SARS-CoV-2. No afirmamos que la manipulación de laboratorio estuviera involucrada en la aparición del SARS-CoV-2, aunque es evidente que podría haberlo estado. Sin embargo sí afirmamos que hasta la fecha no ha habido un escrutinio científico independiente y transparente del alcance completo de la evidencia con base en EEUU

La evidencia relevante con base en los EEUU incluiría la siguiente información:

• cuadernos de laboratorio,

• bases de datos de virus,

• medios electrónicos (correos electrónicos y otras comunicaciones),

• muestras biológicas,

• secuencias virales recopiladas y conservadas como parte del proyecto PREDICT [https://en.wikipedia.org/wiki/Predict_(USAID) ] y otros programas financiados, y

• entrevistas del equipo de investigación que dirigió EHA por investigadores independientes, junto con

• un registro completo de la participación de la agencia estadounidense en la financiación de la investigación sobre virus similares al SARS, especialmente con respecto a proyectos en colaboración con instituciones con base en Wuhan.

Sugerimos que una investigación bipartidista también debería dar seguimiento a la conclusión tentativa de la Comunidad de Inteligencia de que el brote inicial en Wuhan puede haber ocurrido a más tardar en noviembre de 2019 y que, por lo tanto, el virus estaba circulando antes del grupo de casos clínicos conocidos en diciembre. La Comunidad de Inteligencia no reveló la evidencia de esta declaración, ni cuándo partes del gobierno de los EEUU o los investigadores con base en los EEUU se dieron cuenta por primera vez de un posible nuevo brote. Cualquier información y conocimiento disponible de los primeros días del brote, incluidas las secuencias virales, podrían arrojar luz considerable sobre la cuestión de los orígenes.

Seguimos reconociendo el enorme valor de la cooperación entre Estados Unidos y China en los esfuerzos continuos por descubrir los orígenes de la pandemia. Mucha información vital aún reside en China, en laboratorios, muestras hospitalarias e información epidemiológica preliminar, que aún no está disponible para la comunidad científica. Sin embargo una investigación en Estados Unidos no tiene por qué esperar: hay mucho que aprender de las instituciones estadounidenses que participaron activamente en investigaciones que pudieron haber contribuido o documentado la aparición del virus SARS-CoV-2. Solo una investigación independiente y transparente, quizás como una indagación bipartidista del Congreso, revelará la información necesaria para permitir un proceso científico exhaustivo de escrutinio y evaluación.