Reforzar el
régimen
En su prospección de 2013 de la Agenda
de Desarrollo para 2015 (la Agenda 2030), la ONU escribió: La
alianza puede promover un régimen de gobernanza mundial más eficaz,
coherente, representativo y responsable, lo que en última instancia
debería traducirse en una mejor gobernanza nacional y regional y en
la realización de los derechos humanos y el desarrollo sostenible
[…] En un mundo más interdependiente, un régimen de gobernanza
mundial más coherente, transparente y representativo será
fundamental para lograr el desarrollo sostenible en todas sus
dimensiones […] Un régimen de gobernanza mundial bajo los
auspicios de la ONU tendrá que garantizar la preservación de los
bienes comunes mundiales para las generaciones futuras.
La
ONU se autodenomina "régimen de gobernanza mundial". Está
asumiendo arbitrariamente la autoridad para hacerse
con el control de todo ("los bienes comunes globales"),
incluidos los seres humanos, tanto haciendo cumplir su Carta (citando
su mal llamada declaración de "Derechos Humanos") como
cumpliendo su agenda de "Desarrollo Sostenible".
Obsérvese
que el "régimen de gobernanza mundial" se "traducirá
en última instancia en una mejor gobernanza nacional y regional".
Esto significa que el papel de cada gobierno nacional es simplemente
"traducir" la gobernanza mundial en política nacional.
Elegir a un partido político u otro para llevar a cabo la traducción
no supone ninguna diferencia material. La política no la establecen
los gobiernos que elegimos.
A medida que los Estados
nacionales van aplicando políticas basadas en los ODS, el régimen
consolida aún más su gobernanza mundial. Y puesto que el "régimen
de gobernanza mundial será fundamental para lograr el desarrollo
sostenible", los dos mecanismos (gobernanza mundial y desarrollo
sostenible) son indisociables. Una vez más, según admite la propia
ONU, los derechos inalienables son el "fundamento de la
libertad, la justicia y la paz en el mundo". Sin embargo todo el
marco de derechos humanos de la ONU basado en la Carta rechaza de
plano el principio de los derechos inalienables e inmutables. La
Carta de la ONU es, por tanto, un tratado internacional que establece
un régimen de gobernanza mundial que se
opone firmemente a "la
libertad, la justicia y la paz en el mundo".
Todos los proyectos de "desarrollo sostenible" de la ONU
deben entenderse en este contexto.
Como era de esperar en
un "régimen de gobernanza mundial", la ONU ha creado
varias metas del ODS 16 que tratan sobre la creación de
"instituciones fuertes", principalmente en el ámbito de la
gobernanza mundial. Por ejemplo, el ODS 16.8 insta a ampliar y
fortalecer "la participación de los países en desarrollo en
las instituciones de gobernanza mundial".
Las metas
del ODS 16.8 son vagas. El progreso hacia ellos se medirá
supuestamente mediante el seguimiento de la "proporción de
miembros y derechos de voto de los países en desarrollo en las
organizaciones internacionales". Sin embargo esto difícilmente
constituye un compromiso para otorgar a esas naciones en desarrollo
una mayor participación en la toma de decisiones.
La
definición de "instituciones de gobernanza mundial" es
igualmente ambigua. Para los estudiosos de Harvard significa un
conjunto de organizaciones globales, como la Corte
Penal Internacional (CPI), la Organización
Mundial del Comercio (OMC), los tribunales
regionales de derechos humanos y las Naciones
Unidas, etc. Para los estudiantes de "gobernanza
global" de la Universidad de Bremen las "instituciones"
se inscriben en una red descentralizada de diferentes "actores"
que proporcionan regulaciones basadas en normas y reglas
internacionales. Lo que todas estas organizaciones de ámbito mundial
tienen en común es que ejercen en cierta medida una autoridad
supranacional. La OMC influye, coordina y a menudo establece las
políticas comerciales de los gobiernos nacionales. La CPI
supuestamente tiene jurisdicción "global" para juzgar los
crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de
guerra y, desde 2018, el crimen de "agresión internacional".
La ONU se considera la principal de todas las organizaciones
supranacionales. Los Estados-nación miembros aceptan ceder su
soberanía al Consejo de Seguridad de quince miembros y, en
particular, a los cinco miembros permanentes de dicho Consejo. En
virtud de su mencionada Carta, la ONU pone casi todo el poder
ejecutivo en manos de esos cinco miembros permanentes: Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Independientemente del
ODS 16.8, la ONU no propone modificar su propia Carta y ha mostrado
poco interés en cumplir la promesa de sus propias metas e
indicadores de los ODS. Por el contrario, a medida que avanzamos
hacia el nuevo orden mundial multipolar, los socios permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU (sobre todo los gobiernos ruso y
chino) abogan por un "orden mundial" basado en los
"propósitos y principios" de la Carta de las Naciones
Unidas. En otras palabras, son ávidos promotores de un "régimen
de gobernanza mundial" más firme.
Por su parte los
delegados de la Asamblea General (AG) de la ONU llevan décadas
solicitando la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. En
concreto, quieren que el Consejo de Seguridad represente más
ampliamente a los Estados-nación, al tener más de quince miembros.
La postura oficial del gobierno ruso coincide con la de los delegados
de la AG. Rusia pretende promover la "inclusión"
admitiendo en el Consejo de Seguridad a más naciones de África,
Sudamérica y Asia.
La Misión Permanente rusa ante la ONU
explicó su postura de este modo: Un orden
mundial justo y democrático no puede lograrse sin una estricta
observancia de los principios de la supremacía del derecho
internacional, principalmente de la Carta de la ONU y de las
prerrogativas del Consejo de Seguridad de la ONU […] Todas las
decisiones adoptadas y los mandatos otorgados por el Consejo de
Seguridad de la ONU son vinculantes para todos los Estados miembros
[…] El objetivo de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es
lograr una representación más amplia sin perjudicar la eficacia y
la eficiencia de su trabajo.
Sin embargo, tras
un examen más detenido, observamos que una "representación más
amplia" que no socave la "eficacia" del Consejo de
Seguridad es imposible. Cualquier cambio que pretenda empoderar a los
"países en desarrollo en las instituciones de gobernanza
mundial" probablemente mantendrá y consolidará el dominio del
Consejo de Seguridad. La Carta de la ONU es inequívoca a este
respecto. Según la Carta, la AG es supuestamente un foro de toma de
decisiones de Estados miembros "iguales". A
continuación la Carta expone todas las razones por las que no lo
es.
El Artículo 11 decreta que los poderes de
la AG se limitan a discutir "los principios generales de
cooperación". Su capacidad de decisión es extremadamente
limitada.
El Artículo 12 decreta que la AG puede
deliberar sobre cualquier disputa entre Estados miembros sólo si el
Consejo de Seguridad lo permite.
El Artículo 24
garantiza, en cualquier sentido práctico, que el Consejo de
Seguridad es el único responsable del "mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales".
El Artículo 25
obliga a todos los demás estados miembros de la AG a seguir las
órdenes emitidas por el Consejo de Seguridad.
El Artículo
27 decreta que al menos nueve de los quince estados miembros del
Consejo de Seguridad deben estar de acuerdo para que una resolución
del Consejo de Seguridad sea ejecutada. Cinco de esos nueve que están
de acuerdo deben ser los miembros permanentes. Cada uno de los cinco
tiene poder de veto. Por lo tanto la simple adición de más miembros
al Consejo de Seguridad no cambiará la supremacía de los miembros
permanentes en ningún sentido significativo.
Los
artículos 29 y 30 establecen el Consejo de Seguridad como un órgano
autónomo de toma de decisiones dentro de la estructura de poder de
la ONU. Ni que decir tiene que la AG sólo puede "elegir" a
los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad siguiendo las
recomendaciones del Consejo de Seguridad.
Los artículos
39 a 50 (Capítulo VII de la Carta) otorgan más poderes al Consejo
de Seguridad. El Consejo se encarga de investigar y definir todas las
supuestas amenazas a la seguridad y de recomendar procedimientos y
ajustes para el supuesto remedio a dichas amenazas. El Consejo de
Seguridad dicta qué medidas ulteriores, como sanciones o el uso de
la fuerza militar, deben adoptarse contra cualquier Estado-nación
que considere problemático.
El Artículo 44 señala que,
"cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la
fuerza", la única obligación consultiva que tiene ante la AG
en sentido amplio es debatir el uso de las fuerzas armadas de otro
Estado miembro, una vez que el Consejo de Seguridad haya ordenado a
esa nación que luche. Para un país que es miembro del Consejo de
Seguridad, "elegido" por la AG, el uso prácticamente
ilimitado de sus fuerzas armadas por parte del Comité de Estado
Mayor del Consejo de Seguridad es un requisito previo para ser
miembro del Consejo.
El Secretario General de la ONU,
identificado como el "más alto funcionario administrativo"
en la Carta, supervisa la Secretaría de la ONU. La Secretaría
dirige la ONU. Encarga, investiga y elabora los informes que
supuestamente informan la toma de decisiones de la ONU.
Los
miembros del personal de la Secretaría son nombrados por el
Secretario General. El artículo 97 de la Carta de la ONU determina
que el Secretario General es "nombrado por la Asamblea General a
recomendación del Consejo de Seguridad".
En virtud
de la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad es soberano. Esta
disposición otorga a los gobiernos de sus miembros permanentes (de
nuevo, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) una
autoridad adicional considerable. La Carta de la ONU no tiene nada de
igualitaria. La Carta de la ONU es la encarnación y la esencia del
poder y la autoridad mundial centralizados.
En el cargado
escenario político creado por la Carta de la ONU, la lucha por el
poder geopolítico parece a menudo inútil. He aquí, sin ningún
orden especial, algunos ejemplos de esa futilidad, prueba de la
influencia de los miembros permanentes.
En enero de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, afirmó que su país apoya firmemente la ampliación de la composición del Consejo de Seguridad. No hizo mención alguna a la reducción de los poderes adicionales de los miembros permanentes.
El otoño pasado, cuando diez miembros del Consejo de Seguridad intentaron aprobar una resolución que calificaba los referendos celebrados en las antiguas provincias ucranianas de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhya de "amenaza para la paz y la seguridad internacionales", la Federación Rusa, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, vetó la resolución. El gobierno ruso es uno de los miembros permanentes aparentemente deseosos de conservar su poder.
Cuando el gobierno ruso descubrió una red de laboratorios de investigación biológica financiados por Estados Unidos en Ucrania, solicitó, junto con el gobierno chino, que una comisión de la ONU investigara los laboratorios. Los miembros del Consejo de Seguridad alineados con Occidente bloquearon la investigación.
En una declaración conjunta de febrero de 2022, los gobiernos ruso y chino, que se autodenominaron "las partes", afirmaron lo siguiente: Las partes subrayan que Rusia y China, como potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas […] defienden firmemente el sistema internacional con el papel central de coordinación de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales, defienden el orden mundial basado en el derecho internacional, incluidos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ni el gobierno ruso ni el chino, a pesar de su aparente compromiso inquebrantable con el "desarrollo sostenible", parecen desear realmente que los "países en desarrollo" tengan más "derecho a voto" en la ONU. En su lugar, su objetivo aparente es consolidar sus propias posiciones elevadas dentro de la jerarquía establecida por la Carta de la ONU.
Los otros tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, igualmente deseosos de conservar su dominio, adoptan la misma postura respecto a la Carta.
El presidente estadounidense Joe Biden, por ejemplo, calificó la Carta de "fundamento de un orden internacional estable basado en normas".
El Presidente de Francia, Emanuel Macron, dijo que la Carta promete "un orden internacional moderno".
El Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dijo que el gobierno del Reino Unido trabajaría para "defender el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas."
A pesar de las
actuales tensiones geopolíticas, estos países coinciden
unánimemente no sólo en el papel de la Carta de las Naciones
Unidas, sino también en todas las facetas del cacareado "desarrollo
sostenible" de la ONU.
- El ODS 16.8 promete reforzar
las "instituciones de gobernanza mundial". No promete una
forma de gobernanza mundial que beneficie a la humanidad.
-
Aunque la ONU sigue siendo una organización descaradamente política,
desgarrada por conflictos internos, la
supuesta hostilidad entre Oriente y Occidente no se extiende a la
reimaginación del "régimen de gobernanza mundial". Por el
contrario, existe un acuerdo unánime para reforzarlo.
-
En lo que respecta al desarrollo sostenible impulsado por el G3P, los
gobiernos nacionales están permitiendo que los socios públicos
promuevan sus propios intereses mediante la aplicación de las
políticas de la ONU en materia de ODS, motivadas políticamente, y
explotando la Carta de la ONU, también motivada políticamente. No
hay pruebas en ninguna parte de que algún gobierno nacional valore
los principios humanitarios que supuestamente encarnan los ODS o la
Carta de la ONU.
De la
gobernanza mundial a un Estado policial mundial: Objetivos mundiales
de Interpol en materia policial
Situado después
del ODS 16.10, el ODS 16.a insta a fortalecer "las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear capacidad a todos los niveles" con el
objetivo de prevenir "la violencia" y combatir "el
terrorismo y la delincuencia."
En 2018 la ONU
identificó a Interpol como la organización policial que estaba "en
una posición única para ser el socio que se encargara de
implementar varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
2030."
Esta designación como "socio encargado
de implementar" los ODS llevó a Interpol a desarrollar sus
Siete Objetivos Mundiales de Policía
(https://www.interpol.int/Who-we-are/Strategy/Global-Policing-Goals#_blank
), que, según afirma, están "alineados con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas [...] Esto se aplica
especialmente al Objetivo 16 [ODS 16]".
Interpol
esboza lo que espera conseguir con su aplicación "sostenible"
de la ley:
Como única
organización policial que trabaja a escala mundial, Interpol
desempeña un papel único en el apoyo a los esfuerzos policiales
internacionales. Para hacerlo de manera coherente en todo el mundo,
es importante que todos los actores de la arquitectura de la
seguridad mundial compartan una comprensión de las amenazas y
trabajen en pos de los mismos resultados [...] Los Objetivos
Mundiales de Policía centran los esfuerzos colectivos de la
comunidad internacional encargada de la aplicación de la ley en la
creación de un mundo más seguro y sostenible para las generaciones
futuras.
Muchos de los Objetivos Policiales
Mundiales de Interpol requieren el tipo de vigilancia que puede
facilitarse mejor mediante la introducción de identificaciones
digitales y CBDC (un tema que se tratará en detalle en la Parte 2).
Por ejemplo, la mayoría de los siete objetivos comparten un
subobjetivo, que hace referencia a la necesidad de "rastrear e
interrumpir los flujos financieros" y, en otros lugares, a la
necesidad de "identificar e interrumpir los flujos financieros
ilícitos" de "delincuentes" y "terroristas".
El
Objetivo Global de Vigilancia 6, por ejemplo, se centra en frenar los
"mercados ilícitos" y contiene estos subobjetivos: "crear
mecanismos para detectar mercados
ilícitos emergentes"
y "reforzar la capacidad de investigar
y prevenir el comercio
ilícito".
Obviamente este tipo de
trabajo requiere herramientas que puedan llevar a cabo una vigilancia
financiera masiva. Para presidir tales operaciones, Interpol debe
obtener primero la autoridad para acceder
a un sistema de vigilancia financiera masiva.
Convenientemente,
la vigilancia mundial necesaria de la actividad comercial y los
flujos de dinero, que se analizará en la Parte 2, puede lograrse
mediante la realización del paradigma de identificación digital del
ODS 16.9, por el que la identificación
digital biométrica es un
requisito previo para la participación
en la economía. Esta idea se promueve explícitamente
en el documento de la ONU "El dinero del pueblo:
Aprovechar la digitalización para financiar un futuro
sostenible".
Sin embargo no es sólo la
vigilancia financiera masiva lo que busca Interpol. Un subobjetivo de
su Objetivo de Vigilancia Global 2 ("promover
la integridad de las fronteras en todo el mundo") es
"identificar los movimientos y desplazamientos de delincuentes y
víctimas".
Para cumplir ese objetivo se necesitarían
herramientas de vigilancia geolocalizada masiva de la población
mundial. ¡Qué oportuno que el programa
I-Checkit de Interpol esté diseñado tanto para lograr
esta ambición como para centralizar el control y el acceso al
sistema mundial de vigilancia de la población!
En
concreto el programa I-Checkit presiona para que los países
"intensifiquen" sus "medidas de gestión de la
identidad". También insta a las aerolíneas, la
industria marítima y los bancos a
colaborar en tiempo real con las fuerzas del orden para decidir si
se debe permitir o no viajar a una persona.
Aunque
el Objetivo 2 de Interpol se presenta como un medio para detener la
"delincuencia organizada", lo más probable es que su
finalidad sea impulsar la ambiciosa agenda
de la ONU en materia de identificación digital. Como
vimos cuando se introdujeron los pasaportes digitales con vacuna
durante la falsa pandemia, el despliegue y la aplicación de la
identificación digital biométrica representa una amenaza tangible
para la libertad de movimiento y las libertades civiles de todo el
mundo.
Como era de esperar, Interpol ya se ha asociado con
varias empresas de identificación digital biométrica, dos de las
cuales (Idemia y Onfido,
para ser precisos) desempeñaron un papel importante en la
facilitación de pasaportes de vacunas durante la COVID-19 y, más
recientemente, han estado creando "permisos de conducir
digitales" (es decir, identificaciones digitales biométricas)
para varios estados de Estados Unidos.
El Objetivo 4 de
los Objetivos Mundiales de Policía de Interpol relacionados con los
ODS es "proteger el ciberespacio".
Uno de sus subobjetivos relacionados es "establecer asociaciones
para proteger el ciberespacio". La principal asociación a la
que se ha unido Interpol para cumplir este objetivo es la Asociación
contra la Ciberdelincuencia del Foro Económico Mundial (WEF-PAC,
World Economic Forum-Partnership
against Cybercrime).
Algunos datos sobre
WEF-PAC:
(1) Sus miembros, al
igual que Interpol, tienen como objetivo "asegurar el
ciberespacio". Se trata principalmente de organismos encargados
de hacer cumplir la ley de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, pero
también incluye a algunos de los mayores
bancos comerciales y empresas
fintech del mundo.
(2) Ha estado abogando por
la creación de una entidad fin-ciber global
que regule Internet,
con los objetivos últimos de acabar con la privacidad financiera e
impedir el anonimato, bajo el pretexto de combatir la
"ciberdelincuencia."
(3) Está dirigida por Tal
Goldstein, un agente profesional de inteligencia israelí que
diseñó una política de inteligencia que transformó la industria
de la ciberseguridad privada de Israel en una parte de las
operaciones de inteligencia de ese país.
El FEM-PAC
argumenta su propósito señalando:
Para
reducir el impacto global de la ciberdelincuencia y frenar
sistemáticamente a los ciberdelincuentes, hay que enfrentarse a la
ciberdelincuencia en su origen, aumentando el coste de llevar a cabo
ciberdelitos, recortando la rentabilidad de las actividades y
disuadiendo a los delincuentes aumentando el riesgo directo al que se
enfrentan.
Para lograr
estos objetivos, el WEF-PAC prevé "aprovechar el sector privado
para que trabaje codo con codo con las fuerzas del orden". Se
trata de una iniciativa típica de la G3P, que suena similar al
modelo que sigue Interpol con su programa
I-Checkit.
Sorprendentemente el WEF-PAC aboga por la
"cooperación" público-privada aunque
"no siempre esté en consonancia
con los marcos legislativos y operativos existentes".
En otras palabras, la cooperación debe
permitirse aunque sea ilegal.
Es cierto que
la mayoría de los materiales de la WEF-PAC se refieren a los
ciberdelincuentes como aquellos que se dedican a hackear o atacar con
ransomware y otras actividades verdaderamente delictivas. Sin embargo
en un lugar amplía la definición de "ciberdelincuentes"
para incluir a aquellos que utilizan la tecnología para "apoyar
el terrorismo" y "difundir
desinformación para desestabilizar gobiernos y democracias."
Acabar con el anonimato: Por qué la alianza del FEM contra la ciberdelincuencia amenaza el futuro de la privacidad
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Así, vemos un
ataque en varios frentes contra los llamados difusores de
"desinformación": No sólo serán considerados criminales
por los que implementan el ODS 16.10 y por la represión del ABC,
sino que también estarán sujetos al Objetivo
de Vigilancia Global de Interpol vinculado al ODS 16 de
"asegurar el ciberespacio" y a la persecución de los
vigilantes gubernamentales por parte del WEF-PAC.
Así
pues, desde múltiples ángulos, el ODS 16 y los socios empeñados en
la implementación pretenden construir un paradigma de vigilancia en
el que la expresión y las transacciones financieras de los
disidentes se vigilen de cerca, se criminalicen y se conviertan en
objetivo. Las "instituciones fuertes", reforzadas aún más
por el ODS 16, se utilizarán para mantener "pacificadas" a
las sociedades (es decir, libres del
"delito" de resistirse a la tiranía) mediante
la vigilancia masiva de Internet y de toda actividad comercial, así
como el uso obligatorio de identificaciones digitales.
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