Sistemas
de justicia de pago (Pay-to-Play)
El
actual presidente de Interpol es el inspector general del Ministerio
del Interior de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), general de
división Ahmed Naser Al-Raisi. Es preocupante que ha sido
acusado de supervisar la tortura de ciudadanos del Reino Unido,
Qatar, Turquía, EAU y otros países. A pesar de la estrecha relación
política y comercial del gobierno británico con los EAU, antes de
la "elección" de Al-Raisi como presidente de Interpol, el
ex director de la Fiscalía de Inglaterra y Gales, Sir David
Calvert-Smith, publicó un informe sobre la influencia de
Al-Raisi y los EAU en los opacos procesos
internos de elección de Interpol.
El informe
señalaba: El presidente
de Interpol se sitúa en la cúspide de toda la estructura de
Interpol y goza de un poder y una autoridad considerables. El
mecanismo de elección del Presidente dista mucho de ser
transparente. Interpol ha rechazado repetidas peticiones de
organizaciones de derechos humanos para aclarar
el proceso de elección del
presidente [...] Interpol no es
una organización transparente.
Aparte:
La falta de transparencia de Interpol está, por supuesto, en
contradicción con el compromiso declarado de la Agenda de Desarrollo
de la ONU, aprobada en 2015, de fomentar un "régimen de
gobernanza global transparente y representativo".
Volviendo
su atención a Al-Raisi, el informe añadía:
Desde
el nombramiento de Al-Raisi como inspector general del Ministerio del
Interior de los EAU en 2015, se han producido [...] numerosas
denuncias de torturas y abusos en las cárceles emiratíes, tanto en
Abu Dabi como en las prisiones y cárceles de Dubái [...] El general
de división Al-Raisi no es apto para el cargo [...] Ha supervisado
un aumento de la represión de la disidencia, continuas torturas y
abusos en su sistema de justicia penal [...] No es ni mucho menos el
candidato ideal para dirigir una de las organizaciones policiales más
importantes del mundo.
Independientemente de
que las acusaciones citadas en el informe de Calvert-Smith hayan sido
probadas o no, dada la controversia parece sorprendente que Interpol
procediera a nombrar a Al-Raisi. Pero quizá no deberíamos
escandalizarnos. Al fin y al cabo, no es la primera vez que Interpol,
el "socio ejecutor" del régimen de la ONU para la
aplicación sostenible de la ley a escala mundial, ha estado dirigida
por personajes cuestionables. En 2008, el entonces presidente de
Interpol, Jack Selebi, dimitió tras ser acusado de soborno.
Posteriormente Selebi fue condenado a 15 años de prisión en una
cárcel sudafricana por aceptar sobornos de
narcotraficantes internacionales a cambio de protegerlos de las
investigaciones. En 2018 el viceministro de Seguridad
Pública de China, Meng Hongwei, desapareció de su puesto
como presidente de Interpol y dimitió poco después. En
2020 fue condenado en China a más de 13 años de prisión por
aceptar unos 2 millones de dólares (USD) en sobornos.
Indagando más a fondo descubrimos que el supuesto historial de
Interpol, de estar dirigida por delincuentes y torturadores, es solo
la parte más visible de su corrupción.
Interpol tiene
autoridad para emitir órdenes de detención internacionales, a
menudo denominadas "notificaciones rojas". Similares a las
solicitudes de extradición internacional, notifican a las fuerzas y
cuerpos de seguridad nacionales que uno de los 194 Estados miembros
de Interpol ha emitido una orden de busca de la persona o personas
mencionadas. Los Estados destinatarios de las notificaciones rojas
aplican distintas interpretaciones jurisdiccionales. Algunos las
consideran órdenes de detención activas, otros simples avisos o
notificaciones de alerta. El informe Calvert-Smith concluyó que el
abuso de las notificaciones rojas por parte de regímenes
autoritarios, que pretendían detener a disidentes u opositores
políticos, era habitual: En términos
contundentes, existen pruebas fehacientes de que los Estados
despóticos publican notificaciones rojas de Interpol para detener y
extraditar a opositores políticos y empresarios, cuyos intereses no
coinciden con los del régimen. [...] Los EAU son famosos por su
abuso de Interpol: muchas de sus solicitudes han sido retiradas [...]
Los EAU tienen un mal historial en materia de derechos humanos, lo
que significa que la extradición a los EAU expone a las personas al
riesgo de tortura y malos tratos… y los cambios políticos han
hecho que una persona pueda convertirse en "enemigo del Estado"
de la noche a la mañana.
¿Por qué el uso
indebido de las notofocaciones rojas ha pasado aparentemente
"desapercibido" en el sistema de Interpol? El informe
Calvert-Smith observaba el "apoyo" financiero que los EAU
prestaban a Interpol antes de que Al-Raisi se convirtiera en
presidente: La Fundación
Interpol para un Mundo más Seguro
se creó en 2013 y es una organización sin ánimo de lucro … Su
único objetivo es apoyar financieramente a Interpol [...] Parece
que, de hecho, la fundación depende totalmente de los EAU [...] Es
difícil escapar a la conclusión de que el único propósito de la
Fundación Interpol para un Mundo más Seguro es ser un canal por el
que canalizar el dinero del gobierno de los EAU hacia
Interpol.
Interpol también acepta alegremente
dinero de ONGs,
fundaciones filantrópicas,
gobiernos y empresas
privadas, al tiempo que insiste en que es apolítica e
incorruptible.
Tras una investigación de 2015 sobre
Interpol, el periodista Jake Wallace Simons informó: Interpol
ha firmado acuerdos con un gran número de "socios"
privados, incluidos gigantes del tabaco, empresas farmacéuticas y
compañías tecnológicas (como
Philip Morris International, Sanofi y Kaspersky Lab),
cuyos ingresos han engrosado su presupuesto operativo en casi un
tercio.
En otras palabras, los "esfuerzos
policiales internacionales" de Interpol se pueden comprar, si te
los puedes permitir. Su acuerdo con Philip
Morris International (PMI), por ejemplo, empujó a
Interpol a promover el sistema de marcado de paquetes de tabaco
"Codentify" de PMI entre sus Estados
miembros. El supuesto propósito de Codentify era hacer frente al
comercio internacional de tabaco falsificado e ilícito.
El Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS), adoptado en 2003,
estableció un protocolo para los sistemas de seguimiento y
localización del tabaco. Consideraba que su labor era fundamental
para hacer frente al comercio ilícito y falsificado de tabaco. Sin
embargo sólo el 7% de ese comercio total consistía en productos
falsificados. La mayor parte del contrabando de tabaco consiste en la
distribución y venta ilegal de productos auténticos de la industria
tabacalera.
Por lo tanto la idea de que una corporación
tabacalera mundial (PMI, Philip Morris International) utilizara su
propio sistema de seguimiento y localización (Codentify) en
colaboración con una agencia policial mundial (Interpol) para
"incautar" el tabaco ilegal parecía más un intento de
controlar el comercio ilegal de tabaco que de acabar con él. El jefe
de la Secretaría del CMCT, Vera da Costa e Silva, observó: Tanto
el CMCT como su Protocolo dejan meridianamente claro que la industria
tabacalera es parte del problema, no de la solución. Sin
embargo, a pesar del sospechoso historial de Interpol, la ONU nos
quiere hacer creer que Interpol es el "socio ejecutor"
ideal para una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible, más
concretamente para el ODS 16.
Nada más lejos de la
realidad. Teniendo en cuenta cómo define Interpol las amenazas que
serán vigiladas por la "arquitectura de seguridad global",
bajo los auspicios del "régimen de gobernanza global", no
hay razón para confiar en que ayudará a prevenir la "violencia"
o a reducir el "terrorismo y la delincuencia". No hay
motivos para creer que Interpol sea capaz de cumplir su 5º Objetivo
Policial Global de "promover la integridad global"
proclamando "la buena gobernanza y el
Estado de Derecho" y "una
cultura de integridad en la que la corrupción no sea aceptable".
Tampoco tenemos muchos motivos para esperar que las "leyes"
relacionadas con el ODS 16 sean aplicadas equitativamente por la
filial de la ONU, la Corte
Penal Internacional (CPI).
Primero un poco
de historia: En 1993 la
ONU creó el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia
(TPIY). El TPIY acabó condenando al líder serbobosnio Radovan
Karadžić en 2016 y al comandante militar serbobosnio Ratko
Mladić en 2017 por genocidio y crímenes contra la humanidad. En
1994 la ONU creó el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda. Y en 2002, en cooperación con
el gobierno de Sierra Leona, estableció el Tribunal
Especial para Sierra Leona para investigar las atrocidades
infligidas durante la guerra civil del país (1991-2002). Combinadas,
estas iniciativas impulsaron a la ONU a crear el primer
centro internacional permanente de justicia del mundo: la
Corte Penal Internacional
(CPI). Sin embargo se dice que la motivación original para la
creación de la CPI provino de la Comisión
Internacional de Juristas (CIJ). (La CIJ se atribuyó
el mérito de ser uno de los principales impulsores de la
ratificación en 1998 del
Estatuto de Roma, que sentó las bases jurídicas de la posterior
CPI. La CPI es supuestamente independiente, aunque funciona dentro de
los parámetros establecidos por su Acuerdo
de Relación "mutuamente beneficioso" con la ONU.
El
artículo 3 del acuerdo CPI-ONU establece: Las
Naciones Unidas y la Corte convienen en que [...] cooperarán
estrechamente, cuando proceda, entre sí y se consultarán sobre
cuestiones de interés mutuo, de conformidad con las disposiciones
del presente Acuerdo y con las disposiciones respectivas de la Carta
y del Estatuto.
Teniendo en cuenta que la
ONU es una organización abiertamente política, la
estrecha cooperación de la CPI con ese organismo intergubernamental
sugiere que también la CPI podría tener un
sesgo político. Las pruebas proporcionan buenas
razones para sospechar que ese es el caso:
Los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y China no son signatarios del Estatuto de Roma y no reconocen su jurisdicción, pero, en virtud del artículo 13(b) del Estatuto su condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad les permite remitir casos al fiscal de la CPI. En consecuencia, podrían utilizar la CPI para enjuiciamientos por motivos políticos.
En marzo de 2023 la CPI emitió una orden de detención internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisaria rusa de Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova. Los cargos: crímenes de guerra por deportación ilegal de población (niños) y de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania por la Federación Rusa. Los principales medios de comunicación occidentales (MSM, Mainstream media) alegan que hasta 16.000 niños fueron "deportados ilegalmente". Roman Kashayev, miembro de la Misión Permanente de Rusia ante la ONU, informó de que aproximadamente 730.000 niños fueron reubicados más adentro de las fronteras rusas, desde lo que ahora son los oblasts rusos de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhya. La reubicación parecería una medida de precaución sensata a la luz de los continuos bombardeos del ejército ucraniano contra zonas civiles en los oblasts afectados. El gobierno de la Federación Rusa admite que algunos de estos niños viajaron sin sus padres, cuyo paradero, afirma, se desconoce. Por supuesto, es posible que se haya producido alguna actividad ilegal en medio de la evacuación. Pero también hay motivos para sospechar que las órdenes de detención de la CPI se emitieron como resultado de presiones políticas. El fiscal jefe de la CPI, que presentó la solicitud de orden, es el abogado británico y miembro del Consejo del Rey Karim Khan KC, que trabaja en el prestigioso Temple Chambers de Londres. Presentó la solicitud de orden el 22 de febrero de 2023. La CPI emitió formalmente la orden el 17 de marzo de 2023. El 3 de marzo de 2023, dos semanas después de presentar la solicitud, Khan pronunció un discurso en la conferencia United4Justice en Lviv, Ucrania, durante el cual dijo: He estado con el Fiscal General de Ucrania [...] Los hombres y mujeres de mi oficina han estado en muchos lugares con la Fiscalía General ucraniana [...] Por desgracia, Ucrania es la escena del crimen [...] Hemos recibido denuncias de que se ha deportado a niños fuera de Ucrania, al territorio de la Federación Rusa [...] Nuestro criterio son las pruebas. Se trata de examinar e investigar afirmativamente las pruebas incriminatorias y exculpatorias por igual. Pero tenemos este compromiso. Las observaciones de Khan sugieren que presentó la solicitud de orden judicial basándose únicamente en las alegaciones "recibidas". Aunque el compromiso de "buscar" pruebas es bastante normal, quizá sea inusual acusar a un importante líder mundial y a su personal de tráfico efectivo de menores y crímenes de guerra sin ninguna prueba aparente. Una vez más, la motivación política parece probable. La campaña United4Justice es una operación política respaldada por Occidente que trabaja en Ucrania. Afirma que su intención es construir una "red de rendición de cuentas por crímenes internacionales". Sin embargo un examen de las iniciativas de United4Justice revela algunos patrocinadores cuestionables: entre ellos USAID, una conocida organización de fachada de la CIA; Pravo-Justice, un programa respaldado por la UE centrado en alinear la legislación ucraniana con el sistema jurídico de la UE, y la International Renaissance Foundation (IRF), una ONG ucraniana financiada por Soros que, al igual que Pravo-Justice, busca la reforma jurídica en Ucrania. En resumen, la agenda política de estas organizaciones y de la campaña United4Justice que apoyan es rotundamente antirrusa. Además, la conferencia United4Justice en la que intervino Khan fue organizada por las autoridades ucranianas y la Agencia de la UE para la Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust). Están deseosos de ver a la Federación Rusa procesada por el nuevo crimen internacional de "agresión". Para ello Eurojust ha creado el Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania (ICPA). Según Eurojust, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (la oficina de Khan) "podrá participar en la cooperación a través del ICPA cuando se cumplan determinadas condiciones". El 20 de marzo de 2023, tres días después de que la CPI emitiera la orden, el gobierno británico convocó una reunión internacional (auspiciada por el viceprimer ministro británico Dominic Raab) en la que anunció un incremento de la financiación británica para la CPI, duplicando su contribución anterior. El propósito de la financiación, según el gobierno británico, era garantizar que "más expertos del Reino Unido", como Karim Khan, trabajaran para la CPI. Khan pronunció uno de los discursos de apertura. No hay ninguna diferencia perceptible entre que el gobierno británico financie a la CPI y que el gobierno de EAU financie a Interpol. El objetivo en ambos casos es conseguir influencia. La única conclusión lógica a la que se puede llegar es que, lejos de ser instituciones internacionales "imparciales" adecuadas para cumplir los ODS de la ONU, tanto Interpol como la CPI parecen adoptar los prejuicios del mejor postor al participar en esquemas de "pago por jugar".
No somos los únicos
en llegar a esta conclusión.
A principios de este año, por
ejemplo, investigadores académicos de la Universidad de Arkansas y
de la London School of Economics publicaron sus conclusiones sobre la
influencia de la financiación en la CPI. Señalaron: Los
patrones de financiación observados en la CPI respaldan la
afirmación de que la Corte sigue siendo, en gran medida, una
herramienta de los Estados poderosos.
El
abogado serbio Goran Petronijevic, asesor jurídico del TPIY,
coincide con esta valoración. Recientemente calificó la orden de
detención solicitada oir Khan a la CPI de "acto
político. No es un acto
jurídico. Es una provocación
contra Rusia".
De hecho la CPI ha estado
envuelta en la polémica desde su creación. Cuando los periodistas
de investigación de la red European
Investigative Collaborations (EIC) investigaron las
actividades del predecesor de Khan, el fiscal jefe de la CPI Luis
Moreno Ocampo, determinaron que sus acciones habían "manchado
y desacreditado" a la CPI. Ocampo había ejercido como Fiscal
Jefe de la CPI durante casi una década. Es
evidente que mantuvo numerosas cuentas en paraísos fiscales durante
su mandato. Su implicación en los turbios negocios del
magnate libio Hassan Tatanaki, por no hablar de la continua
ayuda de funcionarios de la CPI a Tatanaki tras la marcha de Ocampo,
suscitan más dudas sobre la integridad de la CPI.
En
resumen, creer que la CPI e Interpol son organizaciones adecuadas
para promover el "Estado de derecho" requiere una
considerable credulidad. Sin embargo, en la consecución del ODS 16,
la idoneidad es precisamente lo que afirman el régimen de la ONU y
sus socios.
ODS 16.2: Peligrosa hipocresía de la
ONU
El ODS 16 promete erradicar muchos de los
peores crímenes del mundo actual, incluidos los cometidos contra los
niños. Por ejemplo, el objetivo del ODS 16.2 es: Poner
fin al abuso, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños. Sin embargo, en
contra de toda evidencia, ética, sentido común y derecho penal,
parece que varios importantes socios y
"partes interesadas" de la ONU no
consideran que la pedofilia
sea una forma de abuso infantil. La Comisión
Internacional de Juristas (CIJ), que desempeñó un papel decisivo en
la creación de la CPI, es una organización no gubernamental (ONG)
que ha sido durante mucho tiempo un estrecho "socio" de la
ONU. La ONU y la CIJ han colaborado en numerosos proyectos conjuntos,
como la difusión de mensajes sobre los ODS entre las instituciones
académicas.
La CIJ es una parte
interesada influyente de la ONU. En 1993, la ONU concedió
a la CIJ su premio de Derechos Humanos por las siguientes razones: La
Comisión Internacional de Juristas se creó para defender el Estado
de Derecho y la protección jurídica de los derechos humanos en todo
el mundo. Ha contribuido activamente a la elaboración de normas
internacionales y regionales y ha ayudado a garantizar su adopción y
aplicación por parte de los gobiernos. La Comisión ha colaborado
estrechamente con las Naciones Unidas y trabaja activamente a nivel
regional para reforzar las instituciones de derechos humanos.
La CIJ se creó en 1952 como una organización abiertamente
geopolítica. Su objetivo declarado era
denunciar "abusos de los derechos humanos", pero sólo
en la Unión Soviética. Posteriormente amplió sus
competencias y empezó a examinar los abusos en otros lugares. En
marzo de este año, la CIJ publicó sus "Principios del 8
de marzo". Su supuesto objetivo era "ofrecer un
marco jurídico claro, accesible y viable (así como orientación
jurídica práctica) sobre la aplicación del derecho penal a la
conducta".
En los "Principios del 8 de marzo"
la CIJ defiende: Con respecto a la
aplicación del derecho penal, cualquier edad mínima prescrita de
consentimiento para mantener relaciones sexuales debe aplicarse de
manera no discriminatoria. La
aplicación no puede estar vinculada
al sexo/género de los participantes o a
la edad de consentimiento
para contraer matrimonio. Además la conducta sexual en la que
participen personas por debajo de la edad mínima de consentimiento
sexual prescrita en el país puede ser consentida de hecho, si no de
derecho. En este contexto la aplicación del derecho penal debe
reflejar los derechos y la
capacidad de las personas
menores de 18 años para
tomar decisiones sobre la
participación en conductas sexuales consentidas
y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les conciernen.
Este lenguaje abre la clara posibilidad de que los pedófilos
depredadores, si alguna vez son acusados, puedan ofrecer atenuantes
si ellos o sus abogados pueden convencer
a sus objetivos infantiles para que testifiquen que dieron su
consentimiento.
Como sabemos, la coacción
es una práctica habitual de los pedófilos. Muchas organizaciones de
protección de menores (entre ellas, la Sociedad Nacional para la
Prevención de la Crueldad contra los Niños, NSPCC, con sede en el
Reino Unido) reconocen que la coacción forma parte del proceso de
captación de menores: La captación es un
proceso en el que el delincuente entabla una relación con el niño
y, a veces, con su familia en términos
amplios, ganándose su confianza
y una posición de poder sobre el niño, como preparación para el
abuso. Tras la publicación de los "Principios del 8
de marzo", la CIJ respondió a las críticas presentando algunos
argumentos de paja. En primer lugar la CIJ dijo que no
"pedía la despenalización de las relaciones sexuales con
niños". En segundo lugar, la CIJ dijo que no
sugería "la abolición de una edad mínima de consentimiento
sexual prescrita a nivel nacional". En tercer lugar, la
CIJ explicó que simplemente estaba ofreciendo una orientación
jurídica clara a "parlamentarios, jueces, fiscales y
abogados".
Es cierto que la CIJ no abogó claramente
por la despenalización de la pedofilia. Es cierto que la CIJ no
aboga por la abolición de la edad de consentimiento. Pero... la CIJ
sí introdujo claramente la noción, en la ley, de que un
niño tiene el "derecho humano" a consentir ser violado por
un adulto. No está nada claro cómo deben interpretar
los legisladores este "marco jurídico y orientación jurídica
práctica". Sin embargo está muy claro que la CIJ ha
introducido ambigüedad jurídica donde no debería haberla en
absoluto. Es triste decirlo, pero los "Principios del 8 de
marzo" no deberían sorprendernos. El régimen de la ONU y sus
múltiples partes interesadas tienen un historial espantoso de no
proteger a los niños.
La oficina
regional de la OMS para Europa (una agencia especializada
de la ONU) y el Centro Federal Alemán de
Educación para la Salud (BZgA)
publicaron conjuntamente en 2010 (y actualizaron en 2016) unas
directrices para las escuelas, tituladas "Estándares para
la educación sexual en Europa". Los autores llaman a
sus orientaciones "un marco para
responsables políticos, autoridades educativas y sanitarias y
especialistas." La OMS está de acuerdo con Bzga
(German Federal Centre for Health Education) en que los
educadores deben proporcionar, a los niños de 0 a 4 años
información sobre "el disfrute y el placer al tocar el propio
cuerpo", así como información
sobre "la masturbación en la primera infancia."
La OMS dice que esta información debe enmarcarse en el contexto de
que "el disfrute de la proximidad física" es "normal".
Incluso a los bebés, dice la OMS, se les debe enseñar "la
cercanía física como expresión de amor y afecto".
Según
la OMS, los niños de 4 a 6 años deben aprender a identificar a los
posibles agresores. A continuación expone los consejos que los
educadores deberían dar a los niños de estas edades, consejos
que, según la OMS, podrían permitir a los niños
de 4, 5 y 6 años
identificar posibles riesgos: Hay
algunas personas que no son buenas; pretenden ser amables, pero
pueden ser violentas. Por supuesto, todo abuso sexual
infantil es un acto de violencia atroz, pero los niños pueden no
percibirlo inmediatamente como tal hasta mucho después de que se
haya cometido el acto. Los supervivientes de abusos no suelen aceptar
los terribles daños psicológicos y a menudo físicos que se les han
infligido hasta una edad más avanzada. Por lo tanto enseñar a los
bebés sobre el "placer sexual" y decirles que "la
proximidad física es normal" y "una expresión de amor",
mientras que simultáneamente se les enseña
que el abuso sexual sólo se manifiesta como "violencia",
parece colocar a los niños pequeños en un riesgo aún mayor de
captación y pedofilia. Esa "educación" desarma al niño,
en lugar de prevenirlo. En cuanto a los
niños de 9 a 12 años, la OMS y la BzgA recomiendan
que desarrollen las habilidades necesarias para "asumir
la responsabilidad en relación con experiencias
sexuales seguras y placenteras para uno mismo y para los demás".
La OMS cree que estos niños deben ser
capaces de "tomar una decisión consciente de tener o no
experiencias sexuales". La OMS es una agencia de
la ONU y la CIJ es un influyente "socio" de la ONU. En
contra de sus pretensiones humanitarias, la
"orientación educativa" dirigida por la OMS, combinada con
el marco jurídico de la CIJ, sirve a los intereses de los pedófilos
y pone en peligro la vida de los niños.
Algo
va muy mal
Examinaremos el ODS 16.9 y ampliaremos
nuestra exploración de la red de identificación digital
"interoperable" establecida por la Alianza
ID2020 (asociación
público-privada mundial) en la segunda parte. Por ahora,
limitémonos a considerar la ambición declarada públicamente de
ID2020: Para 2030 proporcionar identidad
legal para todos, incluido el registro de nacimientos.
En
su búsqueda del ODS 16.9, ID2020 estableció una asociación entre
el Comité Internacional de Rescate
(IRC, International Rescue Committee,
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Rescue_Committee
) e iRespond. El
objetivo de la asociación era implantar
la identificación
biométrica
de los recién nacidos
en la población de refugiados
karen, a lo largo de la frontera entre Myanmar y
Tailandia.
Muy promovido por los MSM (principales
medios de comunicación) occidentales, el
proyecto vinculaba el acceso de los refugiados karen a la ayuda
alimentaria y otros servicios vitales a su participación en este
sistema de identificación digital. Es importante
destacar que los socios IRC e iRespond afirmaron que la participación
en el proyecto era voluntaria. Pero al mismo tiempo dejaron
claro que el "estatus vacunal" de los refugiados se
incorporaría a sus documentos de identidad digitales.
Para los karen, el acceso a los alimentos y a la atención sanitaria dependía de que presentaran una identificación biométrica aprobada. El registro para el DNI dependía de su "estado" de vacunación. Así los karen se vieron obligados a aceptar la vacunación y utilizar el DNI digital o enfrentarse al hambre y la enfermedad sin acceso a tratamiento médico. Baste decir que no había ningún compromiso del IRC o de iRespond con la libertad, la justicia y la paz. En su lugar este proyecto dirigido por un socio de la ONU ignoró por completo los derechos del pueblo karen. La decisión de la Alianza ID2020 de permitir que el IRC se aproximara a las familias de refugiados (la población más vulnerable de todas) fue, como mínimo, imprudente. El IRC fue una de las quince "organizaciones internacionales de ayuda" implicadas en el escándalo de "sexo por alimentos". Cuando el escándalo salió a la luz en 2000, la ONU encargó una investigación sobre las actividades de sus "socios" privados afiliados y de sus propias agencias de ayuda. El informe posterior encontró pruebas de que trabajadores de 40 organizaciones benéficas locales e internacionales (entre las que se encontraba el IRC) mantenían "relaciones de explotación sexual con niños". Dicho sin rodeos, las organizaciones "socias de las partes interesadas" de la ONU, incluido el IRC, estaban infestadas de violadores de niños. El informe identificaba claramente la práctica generalizada de proporcionar alimentos a cambio de sexo (incluida la pedofilia) en los campos de refugiados. Sin embargo la ONU suprimió el informe durante más de dieciséis años. La ONU ha sido igualmente lenta a la hora de investigar la gran cantidad de pruebas que implican a sus propias fuerzas de paz en operaciones de violación y tráfico de niños en 23 países, sobre todo Haití y Sri Lanka, como reveló un reportaje de Associated Press de abril de 2017 y su continuación.
Como si los
niños haitianos no hubieran sido ya suficientemente torturados por
las "fuerzas de paz" de la ONU, su victimización no había
terminado. Tras el terremoto de enero de 2010, la
conocida traficante de niños Laura
Silsby fue capturada por
segunda vez intentando traficar con niños haitianos. Se
suponía que los niños que secuestró estaban bajo la protección de
la ONU. Silsby afirmó que estaban destinados a un orfanato de la
República Dominicana, pero no había constancia de que hubiera
presentado ninguna de las solicitudes de tránsito requeridas a las
autoridades dominicanas.
En mayo de 2009, el Secretario
General de la ONU, Ban Ki-moon, había nombrado a Bill Clinton
enviado especial a Haití, la nación más pobre del hemisferio
occidental. Tras el terremoto Clinton era la elección obvia para ser
el coordinador internacional de la ONU para los esfuerzos de ayuda a
Haití. Por tanto, estaba perfectamente
posicionado para presionar a las autoridades haitianas en nombre de
Silsby,
tras lo cual ella quedó en libertad. Las pruebas sugieren
claramente que Silsby (ahora Laura
Gayler) formaba parte de una operación más amplia de
tráfico de menores en la que estaban implicados su abogado original,
Jorge Puello, y la esposa de éste. Resulta interesante que la
CPI, que consideró oportuno emitir una orden de detención contra el
presidente Putin por tráfico de niños en Ucrania, no
haya acusado al ex presidente estadounidense Clinton en relación con
el tráfico de niños en Haití. ¿Tal vez ese "descuido"
se debe a que la Fundación Clinton está profundamente arraigada en
la estructura público-privada del régimen de gobernanza
mundial?
En 2016 la Iniciativa
Global Clinton, a la que se atribuye el mérito de
orientar la filantropía hacia el desarrollo sostenible, organizó un
acto para recabar apoyo para el Fondo
Fiduciario de la ONU (UNTF,
UN
Trust Fund),
cuya misión declarada es poner fin a la violencia contra las mujeres
y las niñas. Increíblemente ese mismo año se informó por primera
vez de que los abogados defensores del traficante sexual pedófilo y
activo de los servicios de inteligencia, Jeffrey Epstein,
habían escrito que su cliente era una pieza clave del pequeño grupo
que había "concebido la Iniciativa
Global Clinton". Según la ONU el propósito de
la reunión del UNTF era
"anunciar una serie de Compromisos para la Acción, destinados a
avanzar en las metas de igualdad de género de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU". Al
parecer este objetivo se logrará mediante la "asociación"
con conocidos facilitadores de la trata de menores.
Podríamos
preguntarnos por qué alguien "confiaría" en el "régimen
de gobernanza mundial" de la ONU para "detectar
el abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños", cuando sus
agencias
especializadas,
sus partes
interesadas
y su enviado
especial,
además de sus fuerzas
de mantenimiento de la paz
y sus socios,
han sido sorprendidos en innumerables ocasiones cometiendo o
sancionando estos mismos delitos. No es descabellado afirmar que la
ONU y sus agencias y "socios" representan un riesgo
significativo para los niños. Está claro… está
claro, que algo va muy mal en el corazón de este peligroso régimen.
¿Paz y
justicia para quién?
La
ONU es un "régimen de gobernanza mundial" corrupto.
Sigue engañando a la población mundial
sobre el profundo abismo de
separación entre los
llamados "derechos
humanos" y nuestros
verdaderos "derechos
inalienables", que
ignora y subvierte
deliberadamente.
Los Estados-nación
compiten por la influencia dentro de la órbita del régimen de la
ONU. Los gobiernos de esos Estados-nación forman parte de la vasta
red, formada por el régimen y sus diversos "socios"
públicos y privados, que está tratando de implementar el ODS 16. La
mayoría de las metas del ODS 16 pretenden "reformar" los
sistemas soberanos de justicia y aplicación de la ley y los procesos
de toma de decisiones en beneficio del régimen. El
ODS 16 representa un intento evidente de consolidar el poder en manos
del régimen, a expensas de la soberanía nacional y la libertad
humana. Se trata de un asunto de extrema preocupación por
muchas razones, quizás la más notable porque nuestros niños deben
ser salvaguardados. Tal y como están las
cosas, el régimen parece representar una clara amenaza para los
niños de todo el mundo.
El Derecho Natural
determina que "una ley injusta no es
ley en absoluto": lex iniusta non est lex.
Puesto que no hay pruebas de que el sistema de supuesto "derecho
internacional" que opera bajo la égida de la ONU y su Carta se
aplique o se haya aplicado alguna vez, de forma justa y puesto que no
cumple la norma de "ley justa", no es, por tanto, "ninguna
ley".
Dentro de los órganos deliberativos que
constituyen el régimen de la ONU, el "poder" sigue
considerándose "derecho". Las instituciones que la ONU
defiende y con las que se asocia (la CIJ, Interpol y la CPI, por
nombrar sólo tres) están profundamente viciadas. Estas
instituciones no están capacitadas para desempeñar ningún papel, y
mucho menos de liderazgo, en la administración de justicia. No hay
ninguna razón para creer que las pretensiones del ODS 16 de promover
la paz, la justicia y la inclusividad vayan a hacer algo por el mundo
en su conjunto y, mucho menos, nada para resolver los fallos
fundamentales inherentes al escurridizo y desprestigiado sistema de
supuesta "gobernanza global" de la ONU. Tal vez se
pregunten qué tiene que ver el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16
(o este artículo sobre él) con la protección del planeta y sus
habitantes frente a la "catástrofe climática" prevista.
La respuesta es: nada en absoluto.
Pero el "cambio climático" no es más que la justificación
que supuestamente legitima y confiere urgencia al desarrollo
sostenible. El verdadero objetivo de las Naciones Unidas es
establecer una gobernanza mundial firme (de
hecho, una dictadura mundial) mediante la
aplicación de los ODS. El "cambio
climático" es sólo la excusa. Nada lo demuestra
más claramente que el ODS 16.9. Y por eso nos centraremos
exclusivamente en el 16.9 en la segunda parte de nuestra exploración
del ODS 16.
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