Uno de los obstáculos para entender la destrucción dirigida y aparentemente deliberada de las pequeñas y medianas empresas (que en el Reino Unido se han reducido en medio millón desde 2020) y la eliminación de nuestra soberanía nacional con la justificación de salvarnos, una tras otra, de una crisis sanitaria, medioambiental, energética o del coste de la vida, es la cuestión de cómo puede alguien beneficiarse de ello. Siempre es difícil mirar al futuro y predecir lo que va a ocurrir, pero podemos echar la vista atrás e intentar aprender del pasado reciente. Si queremos saber adónde nos lleva este empobrecimiento y privación de derechos del pueblo británico y quién se beneficiará, podríamos recordar lo que le ocurrió a Rusia en la década de 1990.
Cuando Mijail Gorbachov se convirtió en Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, en marzo de 1985, inició inmediatamente su programa de perestroika ("reestructuración") de la economía y la política de la URSS. Cinco años más tarde, en septiembre de 1990, en el marco de la reforma política denominada glasnost ("apertura"), el Parlamento soviético concedió a Gorbachov, entonces recién elegido Presidente de la URSS, poderes de emergencia en materia de privatización. Esto incluía la autoridad para transformar las empresas estatales en sociedades anónimas por acciones negociables en bolsa. Tras la dimisión de Gorbachov y la disolución formal de la URSS, en diciembre de 1991, el primer Presidente ruso, Boris Yeltsin, inició un programa de privatizaciones que pretendía comprimir veinte años de neoliberalismo occidental en unos pocos años y en un país cuya población no tenía experiencia de cómo funciona el capitalismo financiero. Dos años después, más del 85% de las pequeñas empresas rusas y más de 82.000 empresas estatales rusas, aproximadamente un tercio del total existente, habían sido privatizadas.
Una de las primeras iniciativas fue la privatización mediante vales, que entre 1992 y 1994 distribuyó 144 millones de vales, canjeables por acciones de más de 100.000 empresas estatales, entre el 98% de la población rusa, repartiendo entre los ciudadanos una parte de la riqueza nacional. Sin embargo el trabajador ruso, empobrecido y cada vez más golpeado por el desempleo, debido al desmantelamiento de la economía soviética, entendía poco de capitalismo accionarial y estos vales fueron comprados, casi en su totalidad, a cambio de unos pocos rublos, por burócratas rusos que tenían una idea más clara del estado de la economía rusa, directores de empresas estatales, que tenían una mejor comprensión del valor de los recursos rusos, y la mafia, que después de años de comercio de productos básicos occidentales en el mercado negro soviético, tenía una mejor idea del valor futuro de estas acciones. A finales de junio de 1994 la propiedad del 70% de las grandes y medianas empresas rusas y de cerca del 90% de las pequeñas empresas había pasado a manos privadas.
En 1995, cuando el Gobierno se enfrentaba al déficit fiscal y a cambio de financiar su campaña de reelección, Yeltsin puso en marcha el Plan de Préstamos por Acciones, mediante el cual los activos industriales estatales en petróleo, gas, carbón, hierro y acero se subastaron para obtener préstamos de los bancos comerciales. Como estos préstamos nunca se devolvieron, en gran parte porque se utilizaron para pagar los intereses de la deuda pública existente, y como las subastas estaban amañadas por personas con información política privilegiada, los activos estatales se vendieron en la práctica por una fracción de su valor. Yukos Oil, por ejemplo, valorada en unos 5.000 millones de dólares, se vendió por 310 millones; Sibneft, el tercer mayor productor de petróleo de Rusia y valorada en 3.000 millones, se vendió por 100 millones y Norilsk Nickel, que producía una cuarta parte del níquel mundial, se vendió por 170 millones, la mitad que una oferta competidora.
Este esquema creó una nueva clase de oligarcas industriales y banqueros que ahora controlaban no sólo la economía rusa, sino también el gobierno ruso. Conscientes, sin embargo, de que futuros gobiernos podrían revertir la venta fraudulenta de la riqueza de la nación por parte de Yeltsin, los oligarcas, en lugar de invertir en estas industrias, se dedicaron inmediatamente a vaciarlas de sus activos para incrementar su patrimonio personal. La enorme riqueza que acumularon al hacerlo se invirtió en el extranjero, principalmente en bancos suizos, pero también en propiedades británicas a través del mayor servicio de blanqueo de dinero del mundo, la City de Londres.
Esta fuga de
capitales del país dejó al Gobierno incapaz de recaudar impuestos,
lo que lo condujo al impago de la deuda y,
en última instancia,
a la crisis financiera rusa de 1998.
Cuando los inversores extranjeros empezaron a retirarse del mercado,
vendiendo divisas y activos rusos. El Banco Central de Rusia,
que recién había sido fundado en julio de 1990,
tuvo que gastar sus reservas de divisas para defender la moneda rusa,
gastando aproximadamente 27.000 millones de dólares de esas reservas
en dólares estadounidenses. Esto provocó el colapso económico más
catastrófico de la historia de un país industrializado en tiempos
de paz. En 1999 el producto interior bruto de Rusia había caído más
de un 40%… y el aumento de los precios al por menor en 1992
ascendió al 2.520%,
acabando con los ahorros personales que el pueblo ruso había
acumulado. El descenso del consumo de carne se vio reflejado en un
enorme aumento de la delincuencia,
la corrupción
y
la mortalidad,
esta última la más alta de la historia en un país industrializado
que no estaba en guerra. El desempleo,
en un país donde antes era desconocido,
alcanzó el 13%. La inflación alcanzó un máximo del 85,7%.
La deuda pública alcanzó el 135% del PIB y,
en consecuencia,
Rusia se convirtió en el mayor prestatario del Fondo
Monetario Internacional,
con préstamos por un total de 20.000 millones de dólares en la
década de 1990. Sin embargo poco de esto sirvió a su propósito
aparente. Una cuarta parte de esta suma,
unos 4.800 millones de dólares,
fue robada a su llegada a
Rusia en vísperas de la
crisis financiera y desapareció en una cuenta
anónima registrada en la jurisdicción fiscal extraterritorial de
Jersey.
Si todo esto le suena familiar,
las reformas de Yeltsin se basaban en el Consenso
de Washington,
diez principios de neoliberalización económica implantados por
primera vez en el Chile de Augusto Pinochet y por la Junta argentina
en los años setenta,
e impuestos por el Fondo Monetario
Internacional,
el Banco Mundial y el
Tesoro estadounidense como
condición para recibir préstamos. Estas reformas incluyen
la reorientación del gasto público desde la financiación de los servicios estatales, como la educación y la sanidad, a la inversión en servicios favorables al crecimiento;
la eliminación de las restricciones al comercio de importación y a la inversión extranjera;
la abolición de las normativas sobre seguridad, sanidad y contaminación del medio ambiente, que obstaculizan el mercado y, sobre todo,
la privatización de las industrias estatales.
Como consecuencia de
estas reformas,
en octubre de 1998 el Gobierno de Rusia,
a pesar de ser el mayor exportador de gas natural y reservas de
petróleo del mundo,
tuvo que recurrir a la ayuda humanitaria internacional. Fue un largo
camino recorrido en poco tiempo,
desde cuando la Unión Soviética fue una de las dos superpotencias
mundiales,
y fue una lección de lo rápido que pueden despojarse a un país de
la riqueza y los activos nacionales,
cuando su población se expone desnuda
a las depredaciones del capitalismo financiero.
Rusia se
ha "recuperado",
hasta el punto de que hoy (sobre todo tras la subida de los precios
de la energía derivada de las sanciones) se encuentra entre las diez
mayores economías del mundo por PIB nominal (aunque el PIB per
cápita la sitúa en el puesto 53º). Hace una década la brecha
entre ricos y pobres en Rusia era la mayor de cualquier país del
mundo,
con el 35% de la riqueza de un país de 144 millones de personas en
manos de sólo 110 multimillonarios,
con gran parte de esa riqueza almacenada en jurisdicciones
financieras extrajeras. En 2021 los 500 rusos más ricos,
cada uno con un patrimonio neto de más de 100 millones de libras
esterlinas y que representaban sólo el 0,001%
de la población total,
seguían controlando el 40% de toda la riqueza familiar del país,
más que el 99,8%
más pobre,
114,6
millones de personas en total. Esto es lo que el capitalismo
financiero hace a una nación y a un pueblo privado de los medios
políticos e institucionales para defenderse.
Hoy en día,
en todas las democracias neoliberales de Occidente,
los gobiernos nacionales sometidos por las nuevas formas de
gobernanza mundial,
creadas con la justificación de hacer frente a múltiples
"crisis" manufacturadas,
están aplicando programas equivalentes de colapso
económico gestionado ideados por las mismas
instituciones internacionales de gestión macroeconómica mundial. En
lugar de Perestroika,
Glasnost,
Privatización
de Vales
y Préstamos
por Acciones,
estos programas de "reforma" económica y política se
llaman Agenda 2030,
Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
Renta Básica
Universal
y Moneda
Digital del Banco Central. Y aunque se están
aplicando no en el colapso de una economía dirigida centralizada,
como la de la Unión Soviética,
sino en economías neoliberales que se enfrentan a la segunda crisis
financiera mundial en doce años,
el objetivo de estos programas es el
mismo: el
empobrecimiento
de las poblaciones nacionales,
la quiebra de
las empresas independientes,
la expropiación
de tierras y recursos nacionales,
la instalación
de gobiernos títeres para presentar una fachada de democracia al
gobierno tecnocrático
y una toma de
poder económico y político por una clase dominante financiera.
La supresión de
nuestros derechos,
la rebaja de nuestro nivel de vida,
la reducción de nuestro consumo de alimentos y energía,
la espiral inflacionista y las sanciones económicas y programas que
las imponen,
están
todos diseñados
para transferir
nuestros activos nacionales y personales a manos de esta élite
global. Al igual que sucedió en Rusia en la década
de 1990,
el Banco de Inglaterra ha aumentado su programa de flexibilización
cuantitativa para rescatar a la economía del Reino Unido,
gastando recientemente 19.300 millones de libras en la compra de
bonos del Gobierno para apuntalar la libra,
con el compromiso de gastar 65.000 millones de libras si es
necesario. El número de insolvencias de empresas en 2022 es el más
alto de los últimos 13 años y las pequeñas empresas se han visto
abocadas a la quiebra tras dos años de cierre forzoso impuesto por
el gobierno y la subida vertiginosa de los precios de la energía,
cuya cuota de mercado ha sido comprada por monopolios corporativos.
El Banco de Inglaterra predijo que la inflación alcanzaría el 13% a
principios de 2023 y algunas estimaciones pronostican un máximo del
18%. Y los deberes y la autoridad del Estado del Reino Unido siguen
siendo externalizados por nuestro Gobierno a empresas
internacionales,
que están siendo facultadas por la nueva legislación para
establecer los límites de nuestros derechos y libertades antes
inalienables. Por último nuestro nuevo Primer Ministro globalista no
ha sido elegido por los votantes del Reino Unido,
ni siquiera por su propio partido parlamentario,
sino por los financieros y tecnócratas internacionales que,
al igual que hacen en Rusia y Ucrania,
dictan ahora no sólo nuestras políticas económicas,
sino también nuestras políticas en general.
Permítanme
aclarar lo que quiero decir y lo que no quiero decir con esta
comparación. No estoy diciendo que la Rusia postsoviética sea un
espejo del Reino Unido en 2023. Las diferencias entre las
circunstancias históricas y las economías de ambos países son
demasiado grandes. Lo que sostengo es que la destrucción
gestionada de la economía rusa tras la disolución de
la Unión Soviética es una imagen de hacia dónde nos dirigimos y
por qué nos están llevando a tal extremo. Los oligarcas rusos y
ucranianos no sólo estaban motivados por la riqueza que podían
sacar de sus países y llevarla a jurisdicciones fiscales externas
gestionadas por asesores financieros de la City londinense; estaban y
están interesados en el poder político que esa riqueza les daba. Y
del mismo modo que eligieron a Vladimir Putin como sucesor del
tambaleante Boris Yeltsin,
nuestros oligarcas han elegido a Rishi Sunak como sucesor del
tambaleante Boris Johnson.
El Reino Unido no ha sido un
Estado democrático por lo menos desde marzo de 2020,
cuando el país fue colocado en un Estado de Emergencia de facto y
miles de regulaciones que nos despojaban de nuestros derechos y
libertades fueron hechas por decreto ministerial, sin la supervisión
o aprobación de nuestros representantes electos en el Parlamento.
Pero después de que esas restricciones se hayan levantado en gran
medida en marzo de 2022 (aunque siguen siendo impuestas por empresas
privadas y públicas,
incluidas las aerolíneas y el Servicio Nacional de Salud,
como condición de acceso,
servicio o empleo),
la decisión unilateral de Sunak de imponer los programas de
bioseguridad y la Agenda 2030 al margen de cualquier proceso
democrático es la admisión descarada de que ahora nos gobiernan
tecnocracias internacionales de gobernanza global dirigidas por
directores ejecutivos de empresas,
banqueros internacionales y tecnócratas nombrados por los gobiernos.
Y aunque hoy los llamemos "filántropos",
"empresarios" e "inversores globales",
las acciones de estos globalistas no elegidos son tan criminales como
las de la oligarquía rusa y ucraniana en la década de 1990,
salvo que actúan en un escenario mucho más grande y con
consecuencias mucho más perjudiciales para su público,
a veces indignado o aplaudidor,
pero siempre engañado.
Las sanciones económicas y
culturales impuestas a Rusia y la inmensa inversión financiera y
militar en Ucrania por parte de este gobierno global,
desde marzo de 2022,
son instrumentales para la guerra financiera que estos globalistas
occidentales están librando contra los oligarcas rusos; pero
contrariamente a la retórica de nuestros políticos y actores, lo
hacen no para defender los derechos humanos de los ucranianos y a un
gobierno títere instalado por EEUU en 2014 precisamente por ese
motivo,
sino para emular,
sustituir y superar a esa oligarquía en riqueza,
influencia política y,
sobre todo,
control sobre los inmensos recursos naturales de Rusia y,
más inmediatamente,
de Ucrania.
El reciente anuncio del presidente Volodymyr Zelensky de que, tras los 100.000 millones de euros en ayuda militar, financiera y humanitaria que Occidente entregó a su Gobierno en 2022, los gestores de activos estadounidenses BlackRock, JP Morgan y Goldman Sachs "coordinarán" sus inversiones en Ucrania y en sus vastos recursos naturales (no sólo en cereales, petróleo y gas, sino también en minerales y en litio, que es el componente principal de las baterías eléctricas) debería demostrar a todos, excepto a los más fervientes fanáticos de la bandera azul y amarilla, qué interés tiene Occidente en esta crisis geopolítica, militar y energética prefabricada. Para preparar la neoliberalización de Ucrania, Zelenskyy ya ha prohibido los partidos políticos de la oposición, los sindicatos de trabajadores y las plataformas de medios de comunicación independientes, ha aprobado leyes para privatizar empresas, bancos y activos estatales, ha prometido reducir el tipo impositivo máximo y desregular las empresas, ha publicado listas negras de periodistas críticos con las políticas de su Gobierno y ha pedido a la OTAN que lance ataques nucleares preventivos contra Rusia. Si queremos una imagen de a dónde nos lleva este golpe globalista (que se está aplicando con las espurias justificaciones de proteger nuestra salud de un nuevo virus mortal, defender a Europa del "Loco Vlad" Putin y salvar al planeta del calentamiento global provocado por el hombre) la desigualdad económica, la corrupción financiera y la privación de derechos políticos del pueblo ruso y, más cerca en el tiempo, el Gobierno títere de Ucrania y su presidente guerreador es un buen lugar para mirar. Esta es una imagen de nuestro futuro.
https://architectsforsocialhousing.co.uk/2023/02/16/the-western-oligarchy/
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